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Durante dos intensas jornadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exsenador liberal Álvaro Ashton provocó un sismo político cuyas repercusiones aún se miden. En su comparecencia, el excongresista entregó un amplio testimonio sobre los vínculos que, según él, habrían existido entre reconocidos dirigentes políticos, empresarios y las estructuras del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las revelaciones, que la JEP remitió a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que evalúen la apertura de investigaciones, podrían reconfigurar el mapa de responsabilidades en la llamada “parapolítica” del Caribe colombiano.
Ashton describió con detalle cómo se tejieron las alianzas que, en su momento, habrían permitido a los paramilitares extender su influencia en las instituciones, manipular presupuestos públicos y consolidar poder electoral en el norte del país. Entre los nombres que mencionó figura el del expresidente del Senado y actual precandidato presidencial, Efraín Cepeda, de quien aseguró que habría tenido acercamientos indirectos con sectores políticos apoyados por los grupos armados. Según la JEP, Ashton relató que esos acuerdos se enmarcaron en reparticiones de votos y alianzas locales en municipios como Barranquilla y Soledad, en el departamento del Atlántico.
El exsenador también señaló al excongresista David Char Navas, quien, de acuerdo con su testimonio, habría recibido respaldo económico y político de las estructuras paramilitares. En su exposición, Ashton mencionó además a Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo y Jorge Alberto Gerlein Echeverría, a quienes vinculó con la firma de partidas presupuestales que habrían servido para financiar proyectos impulsados por el Frente José Pablo Díaz, brazo del Bloque Norte en Barranquilla. El propio Ashton admitió haber participado en esas alianzas, reconociendo que los recursos públicos destinados a obras locales terminaron sirviendo para fortalecer a las AUC.
El relato incluyó referencias a figuras de peso nacional. Ashton mencionó al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurando que desde el Congreso impulsó artículos favorables a los paramilitares durante la discusión de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. Según el testimonio, Benedetti habría apelado artículos clave relacionados con la sedición y la alternatividad penal, disposiciones que —según Ashton— eran fundamentales para los intereses de las AUC.
Las declaraciones se extendieron a antiguos mandatarios locales y empresarios. Ashton mencionó al exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, y a su jefe de planeación, José Pérez Orozco, así como al empresario David Name Terán, propietario de la firma Consultores del Desarrollo (Condesa), a quienes vinculó con acuerdos políticos y económicos con los paramilitares. También incluyó al exgobernador del Magdalena, Trino Luna Correa, y a Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como “La Sombrerona”, quienes habrían participado en pactos con las AUC.
El testimonio apuntó igualmente hacia la exalcaldesa de Soledad, Rosa Stella Ibáñez, y su entonces secretario de Educación, Alfredo Noya Zabaleta, por presunto desvío de fondos públicos. Ashton agregó a los excongresistas Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo, señalándolos como partícipes de alianzas políticas con estructuras paramilitares. En su exposición, explicó que decisiones de la época, como la reforma política de 2003, fueron utilizadas para fragmentar partidos tradicionales y dar paso a movimientos que fortalecieron la influencia de los grupos armados. De esa fractura surgieron colectividades como Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, que según él, sirvieron de vehículo político para los intereses del paramilitarismo.
Ashton también mencionó a los excongresistas Óscar Darío Pérez Pineda, Óscar Alberto Arboleda Palacio y Jorge de Jesús Castro Pacheco como figuras clave en el proyecto de “refundación del país” promovido por las AUC en 2003, que buscaba una transformación institucional desde las más altas esferas del poder.
El exsenador incluyó en su testimonio a varios empresarios que, según dijo, financiaron las operaciones del Bloque Norte. Entre ellos nombró a Julio Gerlein Echeverría, hoy procesado por la fuga de la excongresista Aida Merlano; Edgardo Navarro Vives, Edgardo Osorio Vargas y el contratista Javier Haddad. También señaló a Juan García Estrada, entonces alcalde encargado de Barranquilla, y a Roberto Castillejo, asesor de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), a quien describió como “el asesor ambiental de las AUC”.
El relato de Ashton incluyó un capítulo particularmente delicado: la supuesta participación de miembros de la masonería de Barranquilla, que, según él, sirvió como espacio de encuentro entre empresarios, dirigentes locales y emisarios del Bloque Norte. En esas reuniones —dijo— se habrían articulado apoyos financieros y acuerdos electorales, utilizando el prestigio de la organización como vehículo de legitimación social para pactos políticos y económicos.
El exsenador también habló de la infiltración de las AUC en entidades públicas y educativas. Señaló a miembros del Gaula Militar, como el mayor Jesús Orlando Barón, y describió cómo instituciones como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A habrían sido instrumentalizadas para controlar contratos, obtener respaldo social y consolidar poder político. “Hoy la Universidad del Atlántico todavía padece las consecuencias de esa complicidad”, afirmó.
Tras las revelaciones, la JEP solicitó a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de sus competencias, determinen si procede la apertura de investigaciones formales contra las personas mencionadas. La declaración de Ashton, extensa y cargada de nombres de peso, reabre un capítulo oscuro de la historia política del Caribe colombiano y vuelve a poner sobre la mesa la profundidad con la que el paramilitarismo logró penetrar la vida pública del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
