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En un operativo de gran escala, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció desde Buriticá, en el departamento de Antioquia, lo que calificó como “el golpe más grande de la historia contra la minería ilegal” en el país. Más de 260 miembros de la fuerza pública, entre ellos 140 efectivos del Ejército y 120 de la Policía Nacional, participaron en una operación con apoyo de posiciones artilladas y drones que permitió desmantelar una red de extracción ilegal de oro vinculada al Clan del Golfo.
Durante el despliegue fueron incautados 14 inmuebles que albergaban túneles utilizados para la extracción de oro, con una producción estimada en tres billones de pesos anuales. Según el mandatario, esa cantidad de oro era comercializada por la organización criminal para financiar la compra de armas y el sostenimiento de estructuras mafiosas en Antioquia. Petro reiteró que los grupos armados actuales “giran alrededor de la economía ilícita” y que su política de seguridad humana se centra en debilitar esas fuentes de financiación.
El presidente destacó que la estrategia estatal ha pasado por diversas fases: la incautación de bienes vinculados al narcotráfico, la destrucción de maquinaria utilizada para la extracción ilegal en ríos, y ahora la intervención directa contra la economía ilícita del oro. “Sin economía ilícita deja de existir la mafia armada”, subrayó.
Como parte de las medidas para transformar la región, el Gobierno anunció que los túneles incautados serán titulados a cooperativas de pequeños mineros tradicionales de Buriticá. La meta es impulsar una economía aurífera legal y sostenible, con respaldo institucional y protección de la Policía Nacional. El Ejecutivo planea además comprar el oro producido por las cooperativas a un precio ligeramente inferior al internacional, destinando la diferencia al pago de impuestos locales y regalías para los municipios mineros.
Petro señaló que los socios de las cooperativas deberán cumplir con los aportes a salud y pensiones, y aseguró que la Nueva EPS deberá fortalecer su presencia en la zona, al igual que los servicios de salud, educación y la oferta universitaria con enfoque minero. También enfatizó que las regiones con vocación agrícola no deben transformarse en territorios mineros ni caer en la especulación inmobiliaria, como —dijo— ha ocurrido en Medellín y en el oriente antioqueño.
El mandatario instó a la Agencia Nacional Minera a priorizar la titulación de pequeños mineros como una tarea continua y permanente. En paralelo, informó que el Clan del Golfo cuenta con la mediación del emirato de Catar para avanzar en un proceso de negociación “sociojurídica”, dentro de un esfuerzo más amplio por sustituir las economías ilícitas en diversas regiones del país.
Petro explicó que el Darién colombiano ha sido escogido como una de las zonas piloto para esta transición. En esa región confluyen actividades ilegales como la minería del oro, los cultivos de hoja de coca y los flujos migratorios irregulares. El Gobierno pretende reemplazar esas economías con alternativas sostenibles, entre ellas el turismo y el desarrollo del tren intercontinental, actualmente en fase de estudio de factibilidad.
Finalmente, el presidente pidió la presencia inmediata de Migración Colombia y de las distintas entidades del Estado en los municipios del Darién, junto con la ampliación de la Policía de Paz, para garantizar la seguridad y el orden en los territorios que serán liberados de la influencia armada. “La paz requiere construir una economía legal y digna. Solo así podrá desaparecer la violencia que ha nacido del oro, la coca y la pobreza”, concluyó.
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