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Apenas un día después de haber jurado como magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo se vio en la necesidad de presentar su primer impedimento ante la Sala Plena, en un episodio que revela desde el inicio la compleja encrucijada política y jurídica que acompaña el estudio de la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El detonante fue un voto de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien no solo ha liderado una férrea oposición a la iniciativa sino que, además, participó en la elección de Camargo como magistrado.
En su escrito, el recién posesionado togado sostuvo que el hecho de que la congresista haya intervenido en la votación del 3 de septiembre de 2025 en el Senado, la misma en la que él resultó elegido, constituye una razón suficiente para apartarse del proceso. Camargo argumentó que, al ser Valencia la demandante contra la reforma, su participación en aquella elección podría interpretarse como un vínculo que comprometería la imparcialidad del tribunal. “En aras de garantizar la transparencia de la decisión, manifiesto impedimento para pronunciarme sobre los tres proyectos de auto en cuestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991”, señaló, subrayando que existe una causal directa de interés en el resultado del caso.
El impedimento se suma a una cadena de tensiones que rodean a la Corte Constitucional en este espinoso asunto. Ya pesan recusaciones contra el presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y contra el magistrado Héctor Carvajal Londoño, además de solicitudes de aclaración frente al Auto 841 de 2025. Ese auto, aprobado de manera unánime por la Sala Plena, devolvió la reforma a la Cámara de Representantes para que corrigiera los vicios de procedimiento detectados durante su trámite en el Congreso, abriendo una nueva etapa de incertidumbre legislativa y política.
La decisión sobre si Camargo podrá o no intervenir en la discusión será tomada por sus propios colegas de Sala, en un contexto donde cada paso del tribunal es seguido con lupa por el Gobierno, la oposición y la opinión pública. El caso se ha convertido en uno de los debates más sensibles que enfrenta la Corte en la actualidad, pues de su desenlace depende la viabilidad de uno de los proyectos insignia de la administración Petro.
El clima de tensión se ha intensificado por los cuestionamientos directos contra el magistrado Ibáñez Najar, ponente de la demanda presentada por Valencia. Altos funcionarios del Ejecutivo han reprochado sus decisiones y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, incluso lo instó públicamente a dejar el cargo y lanzarse a la arena electoral como eventual líder de la oposición. Tales declaraciones, lejos de disipar la controversia, han desatado un rechazo transversal por lo que muchos interpretan como un intento de minar la autonomía del máximo tribunal de control constitucional en Colombia.
Así, lo que comenzó con la presentación de un recurso jurídico por parte de una congresista opositora ha derivado en una tormenta política que pone a prueba la independencia de la justicia frente al poder político. La figura de Camargo, hasta ahora recién llegada a la Corte, queda atrapada desde sus primeras horas en un tablero donde se cruzan intereses partidistas, cálculos de Gobierno y exigencias de transparencia judicial. Su impedimento no solo es una señal de cautela personal, sino también un reflejo de la fragilidad con la que la Corte Constitucional afronta uno de los procesos más trascendentes de los últimos años: definir si la reforma pensional de Petro supera los filtros de legalidad y constitucionalidad o si, por el contrario, se convierte en otro capítulo fallido dentro de la turbulenta relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
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