La delegación de Sudán ante Naciones Unidas presentó una denuncia formal en la que acusa a un grupo de mercenarios de origen colombiano de participar activamente en crímenes de guerra en medio del conflicto armado que desangra al país africano. Según el informe entregado ante el Consejo de Seguridad, los combatientes habrían sido reclutados por Emiratos Árabes Unidos y estarían implicados en ejecuciones sumarias, uso de armamento prohibido, ataques deliberados contra la población civil y el entrenamiento de menores en operaciones militares.
Durante la sesión celebrada el 5 de septiembre, el representante sudanés Al Harith Idriss Al Harith Mohamed advirtió que la presencia de estos combatientes extranjeros “ha dado lugar a atroces violaciones del derecho internacional humanitario”, responsabilizándolos de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos en las últimas semanas. El documento entregado al organismo internacional señala que entre el 22 de enero y el 11 de febrero de 2025 al menos 73 civiles fueron asesinados, muchos de ellos víctimas de drones suicidas, disparos de francotiradores y enfrentamientos directos. A estas muertes se suma, según la denuncia, la utilización sistemática de niños y adolescentes en labores de combate, práctica que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han calificado como una de las más graves violaciones en curso dentro de este conflicto.
El informe también asegura que los mercenarios han recurrido al uso de fósforo blanco contra zonas pobladas, un material cuyo empleo contra civiles está expresamente prohibido por el derecho internacional debido a las profundas quemaduras, ceguera y complicaciones respiratorias que provoca. Estas prácticas, denunció el diplomático sudanés, no son aisladas, sino parte de un patrón de operaciones que refleja la planificación de una estructura organizada de guerra irregular.
De acuerdo con la información presentada, los traslados de combatientes forman parte de una red transnacional que opera en al menos tres continentes. El primer contingente habría llegado en noviembre de 2024 con 172 hombres y, según estimaciones actuales, el número de efectivos ascendería ya a 380. La mayoría son exmilitares colombianos que conforman un batallón conocido como “Soldados del Desierto”. El reclutamiento, señala el documento, se inicia en Colombia a través de la empresa A4SI, dirigida por el coronel retirado Álvaro Quijano, que actuaría como intermediaria de la compañía Global Security Service Group (GSSG), con sede en Dubái. A los aspirantes se les ofrecería trabajo en el sector de la seguridad privada, aunque en la práctica terminan desplegados en Sudán bajo engaños o presiones.
El fenómeno tiene raíces más profundas. La larga historia de violencia en Colombia ha dejado a miles de militares entrenados que, tras su retiro, quedaron sin alternativas económicas sólidas y con escaso respaldo del Estado. Durante décadas, algunos sectores de las Fuerzas Armadas se vincularon con el paramilitarismo en gobiernos anteriores, un legado que aún resuena en el presente y que ha facilitado la creación de empresas dedicadas a reclutar a estos excombatientes para ofrecer sus servicios en distintos escenarios de guerra en el mundo. Uno de los episodios más dramáticos de esta dinámica ocurrió en 2021, con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, crimen en el que participaron mercenarios colombianos, varios de los cuales permanecen aún detenidos en la isla a la espera de juicio. Este antecedente evidenció con crudeza la facilidad con la que redes internacionales explotan la experiencia militar de colombianos para fines ilegales.
El caso de Sudán ha generado tensiones diplomáticas de alcance internacional. En agosto, el ejército regular sudanés aseguró haber derribado un avión procedente de Emiratos Árabes con 40 colombianos y un cargamento de armas destinado a las Fuerzas de Apoyo Rápido, la facción paramilitar enfrentada al ejército nacional. Sin embargo, las autoridades emiratíes rechazaron categóricamente esas versiones, calificándolas de acusaciones infundadas y parte de una “campaña de desinformación”.
Desde Jartum, el primer ministro Kamil Idris lanzó un mensaje en español dirigido directamente a Colombia: “No permitan que jóvenes colombianos sean usados como mercenarios en Darfur. Detengan este crimen antes de que cueste más vidas”. La apelación buscó interpelar de manera directa al Gobierno de Bogotá, que a su vez reaccionó con preocupación frente a las denuncias.
El presidente Gustavo Petro respondió en la red social X con un llamado a los exmiembros de las Fuerzas Armadas colombianas: “Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”. Paralelamente, su administración presentó un proyecto de ley que busca prohibir expresamente toda forma de actividad mercenaria, estableciendo sanciones contra el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de combatientes, así como medidas de reintegración y beneficios económicos para los veteranos del Ejército que enfrentan precariedad tras su retiro.
La denuncia sudanesa abre un nuevo capítulo en el debate internacional sobre el uso de mercenarios en conflictos internos y plantea un dilema para Colombia, un país donde la combinación de violencia histórica, desempleo entre exmilitares y redes de reclutamiento privadas ha convertido a sus soldados retirados en un recurso codiciado para guerras ajenas. La tragedia de Haití y ahora la acusación desde Sudán subrayan un patrón que amenaza con repetirse mientras no existan soluciones estructurales que impidan que la experiencia militar colombiana termine al servicio de crímenes internacionales.
