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El Gobierno del Cambio reinstaló la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el máximo escenario institucional para el diálogo en materia de trabajo y empleo en Colombia. La decisión llega en un momento clave para la agenda social y económica del país, y se presenta como un paso decisivo hacia la construcción de consensos que garanticen condiciones laborales más justas, salarios dignos, pensiones seguras y una formalización efectiva de millones de trabajadores.
La reapertura de este espacio reafirma la voluntad política del Ejecutivo de sostener un diálogo tripartito entre gremios empresariales, sindicatos y representantes del Estado, un mecanismo que en el plano internacional ha sido reconocido como una herramienta fundamental para avanzar en los compromisos laborales y sociales asumidos por Colombia. El Gobierno ha señalado que esta mesa no solo será el epicentro de las discusiones salariales, sino también el espacio desde el cual se impulsarán reformas estructurales de gran alcance, vinculadas a la equidad de género, la migración, la economía popular y el fortalecimiento del sector público.
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Durante la instalación, la administración subrayó que la Comisión deberá avanzar en asuntos de trascendencia global como la ratificación del Convenio sobre Trabajo Marítimo de 2006, considerado una de las piedras angulares de los derechos laborales a nivel internacional; la adopción del Convenio 102 de Seguridad Social, que establece las normas mínimas de protección para los trabajadores; y la implementación del Convenio 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es consolidar una cultura de prevención y protección en todos los niveles de la actividad productiva. Estos compromisos, de alto valor simbólico y práctico, buscan alinear a Colombia con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y con la tendencia global hacia sistemas laborales más inclusivos y sostenibles.
En paralelo, la Comisión también revisará el informe del diálogo tripartito sobre el proyecto de decreto de negociación colectiva unificada por niveles, un mecanismo destinado a fortalecer la capacidad de los trabajadores del sector privado y oficial de incidir en la definición de sus condiciones de empleo. Esta discusión, que ha sido objeto de amplios debates en distintos sectores, es vista como un paso estratégico hacia la democratización de las relaciones laborales y la consolidación de un marco más equilibrado entre empleadores y trabajadores.
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El pronunciamiento del Gobierno durante la instalación fue claro al señalar que la Comisión de Concertación no es un trámite institucional, sino un espacio donde se define en buena medida el futuro del trabajo en el país. Se trata de una apuesta por el diálogo social en su máxima expresión, en un momento en que la sociedad colombiana demanda soluciones concretas a problemas históricos como la desigualdad, la precarización laboral y la falta de garantías para amplios sectores de la población trabajadora.
Con este gesto político, Colombia envía un mensaje directo a la comunidad internacional: el país busca alinearse con las mejores prácticas en materia de concertación laboral, avanzar hacia un modelo económico más justo y garantizar que el crecimiento se traduzca en bienestar para todos. La reactivación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no solo representa una victoria del diálogo frente a la confrontación, sino que proyecta al país como un actor comprometido con los principios de la justicia social global y los estándares internacionales de trabajo digno.
carloscastaneda@prensamercosur.org
