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En un giro sin precedentes en la cúpula castrense, el presidente Gustavo Petro anunció a través de la red social X —antes Twitter— la destitución del mayor general Hernando Garzón Rey, hasta ahora inspector de comando de las Fuerzas Militares. El anuncio, sorpresivo y directo, estuvo acompañado de acusaciones de supuestos vínculos con grupos narcotraficantes y con el cultivo de hoja de coca. El general se enteró de la decisión en el mismo momento que el país: por redes sociales.
“He retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”, escribió el presidente Petro en su cuenta oficial.
De acuerdo con el mandatario, los elementos que sustentan la decisión ya fueron puestos en manos de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para determinar si existen responsabilidades penales. El propio Petro recordó que, desde el inicio de su mandato, ha insistido en combatir la corrupción en todos los niveles del Estado, incluyendo las instituciones militares.
El general Garzón, que ocupaba el cargo desde mayo de este año, respondió con dureza en declaraciones a medios locales, visiblemente golpeado por la forma en que se conoció la noticia.
“Me enteré por las redes sociales del presidente. Jamás he tenido nexos con narcotraficantes. He sido un soldado honesto. Mi hoja de vida, los polígrafos y mis servicios hablan por mí. Inclusive fui segundo comandante en un Ejército de Estados Unidos, superando todos sus filtros de seguridad”, dijo Garzón Rey.
A la pregunta de si es un “general corrupto” o “socio de narcotraficantes”, respondió sin titubeos:
“Jamás. Estoy anonadado y profundamente triste. Siento que la institución a la que le he entregado mi vida hoy me pone en la picota pública y me fusila moralmente”.
Más tarde, las Fuerzas Militares emitieron un comunicado oficial en el que confirmaron la medida presidencial, aclarando que esta se enmarca en las facultades constitucionales del jefe de Estado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El pronunciamiento recalcó que la definición de responsabilidades corresponde únicamente a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes, “en el marco del debido proceso y con pleno respeto de las garantías constitucionales”. Asimismo, reafirmaron su “compromiso inquebrantable con la transparencia, la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la observancia estricta del derecho internacional humanitario”.
La controversia se intensificó cuando el general Garzón señaló que la polémica tendría origen en unas fotografías en las que aparece junto a individuos que calificó como “bandidos”, insinuando que estas imágenes habrían sido malinterpretadas.
El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas en Colombia, con un general que clama inocencia, un presidente que endurece su discurso contra la corrupción y una Fiscalía que deberá esclarecer si detrás de esta destitución hay pruebas sólidas o un episodio que marcará la historia militar del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
