Seguridad ciudadana en México (2024–2025): diagnóstico criminológico y forense.

A modo de introducción.

En la última década México ha transitado por una dinámica compleja: un incremento sostenido de la violencia letal hasta 2019–2020, seguido por una disminución moderada de la tasa de homicidios desde 2021 pero con elevadas cifras absolutas; simultáneamente, delitos vinculados al crimen organizado como la extorsión y los delitos de narcomenudeo han crecido de forma notable. Persiste una brecha crítica entre victimización real y sanción efectiva: altos niveles de impunidad, debilidad de investigaciones, y una presencia militarizada en tareas de seguridad pública que han generado preocupaciones sobre derechos humanos y eficacia a largo plazo. Las causas son múltiples y entrelazadas: mercado de drogas y demanda exterior, competencia entre cárteles, gobernanza frágil, corrupción, falta de capacidad criminalística y judicial y factores sociales estructurales (pobreza, desigualdad, educación). El país requiere una mezcla de reformas institucionales —fortalecimiento del sistema acusatorio y forense, profesionalización policial, reducción de impunidad— junto con políticas sociales enfocadas a prevención situacional y reducción de la demanda de drogas. Vision of HumanityINEGISciELO México

1. Panorama cuantitativo: qué muestra la tendencia (2015–2024/primeros meses 2025)

Homicidios

La tasa de homicidios intencionales alcanzó picos en la ventana 2018–2020 y empezó una tendencia decreciente a partir de 2021. En términos comparativos: la tasa nacional aumentó sensiblemente respecto a mediados de la década de 2010 y permaneció en niveles altos (más de 20 homicidios por 100.000 habitantes durante varios años), con una leve reducción en 2022–2024. Esta evolución es la que muestra la gráfica de línea incluida más arriba (la serie presentada es una compilación estimada a partir de fuentes oficiales y análisis del Mexico Peace Index / Vision of Humanity y bases públicas). Vision of HumanityWorld Population Review

Interpretación: la caída reciente no debe leerse como “resolución” del problema. La violencia homicida está territorialmente concentrada en varios estados y municipios (focos de violencia por cárteles) y, pese a la reducción de la tasa en promedio nacional, la letalidad sigue siendo estructuralmente alta y con episodios de extrema crueldad.

Delitos asociados al crimen organizado: extorsión, narcomenudeo, secuestro

Informes del Mexico Peace Index y análisis de instituciones independientes muestran aumentos importantes en ciertas categorías desde 2015: por ejemplo, extorsiones han registrado un aumento (cifras sectoriales indican +45.5% respecto a 2015 en algunos reportes compilados) y delitos de narcomenudeo han mostrado un incremento aún mayor (del orden del +161% desde 2015 en estimaciones del IEP/otros analistas). Estos aumentos reflejan el desplazamiento del foco criminal hacia actividades de bajo riesgo y alta rentabilidad en el mercado interno (cobro de piso y narcomenudeo local), además del fortalecimiento de economías ilícitas regionales. La gráfica de barras incluida ilustra esos cambios porcentuales para dos indicadores representativos. Vision of Humanity+1

Victimización y delitos cotidianos

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, INEGI) estima decenas de millones de hechos delictivos y decenas de millones de víctimas anuales (por ejemplo, ENVIPE 2023 reportó decenas de millones de delitos asociados a millones de víctimas), lo que muestra que buena parte de la inseguridad no es sólo homicida sino también de alto impacto económico y social para hogares y empresas. La “cifra real” (victimización) supera por mucho la denuncia formal. INEGI

Impacto económico de la violencia

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) estima que el impacto económico total de la violencia en México representa un porcentaje significativo del PIB (trillones de pesos anuales), con el homicidio como el componente de mayor peso relativo del costo agregado (aprox. 42.5% del impacto total en sus cálculos), seguido por crímenes violentos y costos de protección. He incluido una gráfica de pastel que visualiza la composición del impacto económico según el MPI/IEP (cifras aproximadas referenciadas). Vision of Humanity

2. ¿Por qué pasa esto? Factores causales multicausales y su interacción

La explicación no es monocausal; requiere un enfoque sistémico.

a) Crimen organizado y economía delictiva

• Reconfiguración de cárteles: fragmentación, surgimiento de nuevos grupos, y competencia violenta por rutas y mercados han aumentado la violencia intergrupal; la estrategia de “golpear un líder” frecuentemente produce más violencia por luchas internas. Esto explica la elevada letalidad en regiones donde hay disputa territorial. Vision of Humanity

• Diversificación económica ilícita: cuando la producción/trasiego de drogas internacionales es hostigada, las organizaciones migran a actividades de mayor recurrencia y menor riesgo (extorsión, robo a transporte, robo de combustible, narcomenudeo), expandiendo su control territorial y el impacto sobre población civil. Datos de IEP/otros muestran incrementos marcados en narcomenudeo y extorsión desde 2015. Vision of Humanity

b) Demanda interna y factores transnacionales

• La demanda de drogas (mercado interno) crece y diversifica; a su vez, el flujo de armas y capital —en parte transfronterizo— alimenta la capacidad letal de estos grupos. La política de control de armas y la cooperación internacional son factores relevantes en la dinámica. MacroTrends

c) Fragilidad institucional y corrupción

• Altos niveles de impunidad: estimaciones independientes sitúan tasas de impunidad muy altas (más del 90% en promedio para muchos delitos investigados), lo que erosiona la disuasión y empuja a la justicia por manos privadas o a la autoorganización de la violencia. Instituciones encargadas de la investigación criminal, peritaje forense y persecución penal han mostrado deficiencias estructurales. SciELO MéxicoSchools for Chiapas

d) Militarización de la seguridad pública

• Desde 2006 y con reformas posteriores, el Estado ha utilizado con frecuencia a fuerzas armadas (y la Guardia Nacional en su momento) en tareas de seguridad interior. Esto ha tenido resultados ambiguos: reducción localizada de ciertos indicadores, pero también denuncias de violaciones a derechos humanos, y problemas de investigación criminal (por falta de formación en criminalística y por reservas operativas y jurisdiccionales). En 2024 hubo reformas constitucionales y políticas que formalizaron mayor control militar sobre la Guardia Nacional, lo que intensifica el debate sobre eficacia vs. derechos. Human Rights WatchAP News

e) Factores sociales y estructurales

• Desigualdad, desempleo, y ausencia de oportunidades crean un caldo de cultivo para la incorporación juvenil a economías ilícitas; la fractura social y la erosión del capital cívico reducen mecanismos comunitarios de control y prevención.

3. Calidad y efectividad de las respuestas legales y policiales

Marco institucional actual: actores y funciones

• Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales: investigación de delitos federales y estatales respectivamente (capacidad variable).

• Policías municipales, estatales y la Guardia Nacional: presencia operativa; sin embargo, la profesionalización, depuración y supervisión son insuficientes.

• Sistema judicial: reformas procesales han modernizado formalmente procedimientos, pero la traducibilidad en condenas efectivas y juicios completos aún es limitada.

Problemas operativos y de diseño

1. Impunidad estructural: tasas de no sanción altísimas (más del 90% en algunos delitos), lo que disminuye la confianza y la colaboración ciudadana con investigadores. SciELO México

2. Fragmentación entre niveles de gobierno (municipal/estatal/federal) que dificulta investigaciones complejas.

3. Pobre peritaje forense y laboratorios criminalísticos con recursos limitados; la evidencia física mal preservada conduce a archivos fríos.

4. Militarización y derechos humanos: uso de fuerzas armadas para seguridad pública ha generado tensiones y cuestionamientos por violaciones y por la opacidad en procedimientos y rendición de cuentas. Human Rights Watch

¿Son suficientes las herramientas actuales?

No. La combinación de militarización sin fortalecimiento paralelo de la policía civil y la justicia penal, junto con la carencia de políticas sociales robustas, produce una respuesta incompleta. En suma: hay recursos humanos y materiales, pero su distribución, enfoque y marcos de rendición de cuentas son insuficientes para atacar la raíz (impunidad, corrupción, economías ilícitas) de manera sostenible.

4. Qué haría falta (recomendaciones operativas, forenses y de política pública)

A continuación presento una batería priorizada de medidas, justificadas por evidencia comparativa y la lógica criminológica.

A. Reformas judiciales y forenses (prioridad alta)

1. Fortalecer laboratorios y cadena de custodia: inversión sostenida en criminalística (ADN, balística, huellas digitales, toxicología) y capacitación especializada.

2. Centros de investigación especializada interinstitucionales en áreas con alta criminalidad organizada (unidades integradas fiscalía-policía-peritos), para romper la fragmentación institucional.

3. Unidad nacional anticorrupción con mecanismos de protección y denuncia eficientes para investigar vínculos entre autoridades y crimen organizado.

B. Profesionalización policial y control civil

1. Depuración y selección meritocrática de policías; remuneraciones dignas y capacitación continua.

2. Mando civil y control parlamentario sobre fuerzas de seguridad; transparencia en operaciones y registros públicos de actuación policial. Si se mantiene participación militar, debe haber mecanismos independientes de fiscalización y jurisdicción clara. AP News

C. Prevención social y reducción de la demanda

1. Programas focalizados en juventud (empleo, educación técnica, salud mental y adicciones).

2. Políticas de reducción de daños y acceso a tratamiento para consumo problemático de sustancias que alimentan mercados locales.

3. Plan integral de desarrollo regional en las zonas más afectadas por conflictos de cárteles.

D. Acciones contra economías ilícitas

1. Estrategias financieras: congelamiento de activos, seguimiento financiero y cooperación internacional para bloquear flujos ilícitos.

2. Protección y estímulos para empresas (pequeñas y medianas) sometidas a extorsión, además de líneas de reporte anónimas y acciones rápidas de protección.

E. Atención forense y salud mental a víctimas

• Programas de atención psiquiátrica-forense para víctimas y testigos: trauma complejo, estrés postraumático y necesidades de protección para denunciantes. La intervención temprana reduce la revictimización y mejora la cooperación con la justicia.

5. Casos emblemáticos de crueldad y lo que enseñan desde la perspectiva forense y criminológica

Al analizar la violencia extrema en México conviene distinguir entre asesinatos de origen criminal-organizativo (masacres, ejecuciones por cárteles) y violencia interpersonal extrema (femicidios con alto grado de mutilación, asesinatos rituales, etc.). Ambos dejan lecciones distintas.

a) Masacres vinculadas al crimen organizado (ejemplos)

• Masacre de La Mora / LeBarón (2019): ejecución de mujeres y niños vinculada a disputa entre grupos delictivos; expuso fallas en inteligencia local, colusión policial en algunos casos y déficits en protección de comunidades rurales vulnerables. Las investigaciones detectaron posible participación de actores locales coludidos; la respuesta estatal incluyó detenciones, pero la percepción de impunidad persistió. Reuters+1

Lección forense/criminológica: eventos de este tipo requieren cadena de custodia impecable, trabajo de inteligencia socio-territorial y protección comunitaria sostenida. Además muestran la capacidad de los grupos criminales para castigar a comunidades enteras y generar desplazamiento.

b) Femicidios y violencia sexual extrema

• Casos como Ingrid Escamilla (2020) y muchos otros femicidios han mostrado crueldad extrema, difusión mediática de imágenes y revictimización secundaria por filtración de imágenes en prensa. Estas muertes exigen protocolos forenses sensibles al género y cadenas de custodia que impidan la exposición de las víctimas. Al JazeeraHuman Rights Watch

Lección forense/psiquiátrica: alta prevalencia de violencia íntima y la impunidad en casos de género demandan formación especializada de peritos, protección de evidencia y construcción de rutas rápidas de atención psicológica y legal a víctimas.

6. Evaluación crítica de la estrategia militarizada (guardia nacional / fuerzas armadas)

La evidencia empírica internacional y los reportes de derechos humanos advierten que la militarización puede reducir indicadores de corto plazo en ciertos lugares, pero no resuelve problemas estructurales: no profundiza investigaciones criminales complejas, genera riesgos de violaciones y erosiona la confianza civil. En México, la creciente inserción del ejército en tareas civiles ha generado críticas y alertas sobre impunidad y controles democráticos. Los datos de desempeño muestran resultados mixtos: mejoras puntuales en algunas localidades y deterioro en otras; además, múltiples informes registran denuncias por abusos atribuidos a agentes militares o Guardia Nacional en funciones de seguridad pública. Human Rights WatchWOLA

Recomendación: transitar a un enfoque que combine unidades especializadas (fuerzas de reacción con formación criminalística) con una política decidida de control civil y judicial sobre acciones de seguridad.

7. Riesgos psicosociales y perfiles forenses relevantes

Desde la psiquiatría forense conviene observar patrones que emergen en escenarios de violencia estructural:

• Normalización de la violencia: poblaciones expuestas prolongadamente desarrollan respuestas de hipervigilancia y desensibilización que afectan la cohesión social.

• Trauma complejo: víctimas de masacres o extorsión crónica desarrollan trastorno por estrés postraumático complejo, depresión y riesgo de abuso de sustancias.

• Perfiles de perpetradores: en violencia organizada predomina el actuar colectivo con control jerárquico; en violencia íntima, factores de control y celos patológicos, con perfiles psicopatológicos y criminológicos distintos.

• Impacto en testigos y peritos: exposición secundaria a atrocidades afecta también a investigadores, fiscales y peritos; programas de salud ocupacional son indispensables.

8. Conclusión y hoja de ruta priorizada (resumen ejecutivo de actuaciones)

1. Urgente: reducir la impunidad mediante unidades forenses y de investigación integradas, inversión en laboratorios y depuración policial. (Plazo: 1–3 años). SciELO México

2. Mediano plazo: reorientar la estrategia de seguridad hacia medidas que combinen prevención social, reducción de la demanda y políticas económicas locales. (Plazo: 3–6 años).

3. Largo plazo: reformas estructurales del sistema de justicia penal, transparencia y control civil sobre fuerzas de seguridad; reconstrucción del tejido social en zonas golpeadas por violencia. (Plazo: 6–12 años).

4. Complemento: programas extensivos de atención forense-psiquiátrica para víctimas y testigos, y protocolos de gestión de casos con perspectiva de género.

Notas sobre las gráficas entregadas y fuentes (transparencia metodológica)

• Gráfica de línea (homicidios 2015–2024 — estimada): compilación orientativa a partir de informes de Vision of Humanity (Mexico Peace Index), Macrotrends y bases oficiales (SESNSP/INEGI). Valores puntuales deben verificarse con la serie oficial desagregada por año y tipo (SESNSP/INEGI). Vision of HumanityMacroTrends

• Gráfica de barras (cambios % desde 2015 en extorsión y narcomenudeo): basada en cifras de cambio reportadas por MPI/IEP y resúmenes periodísticos/analíticos (la referencia sobre +45.5% y +161% aparece en reportes compilados). Estas barras muestran la magnitud relativa del crecimiento y son útiles para visualizar la reconfiguración del mercado delictivo. Vision of Humanity+1

• Gráfica de pastel (composición del impacto económico): elaborada a partir de la desagregación del IEP (Mexico Peace Index) sobre el impacto económico de la violencia (proporciones aproximadas). Vision of Humanity

Limitación importante: para producir series anuales completas, desagregadas por delito y entidad federativa (2015–2025), es necesario procesar las bases abiertas del SESNSP y las tablas ENVIPE de INEGI (disponibles públicamente). Las gráficas arriba son interpretativas/compendiadas y están pensadas para apoyar el diagnóstico; no sustituyen un procesamiento estadístico exhaustivo de las bases oficiales. Si lo deseas, puedo descargar y procesar las bases abiertas (SESNSP, INEGI ENVIPE) y devolverte gráficos exactos por delito, año y entidad (mapas coropléticos, tablas y CSV descargables). Gobierno de MéxicoINEGI

Casos de Influencers Asesinados

Valeria Márquez, una victima.
El trece de mayo de dos mil veinticinco, la joven Valeria Márquez, con solo veintitrés años, fue brutalmente asesinada mientras emitía un live en TikTok, esto ocurrió en su salón de belleza, que se encuentra en Zapopan, Jalisco. Un individuo entró a su negocio y la atacó, disparándole en la cabeza y en el tórax. Anteriormente a este violento incidente, Valeria manifestó inquietud acerca de un obsequio que iba a recibir, despertando preocupaciones en sus fans. Las autoridades han caracterizado el crimen como una ejecución sumamente profesional, aunque aún no hay una conexión clara con el crimen organizado. La Fiscalía de Jalisco se encuentra investigando tres vías distintas, pero, hasta ahora, no hay arrestados.

Esmeralda Ferrer Garibay y su Familia.
El veintidós de agosto de dos mil veinticinco, Esmeralda Ferrer Garibay, de treinta y dos años, fue encontrada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos, hallados en un coche abandonado en Guadalajara, Jalisco. Los cuerpos estaban envueltos en plástico, lo que sugiere una ejecución parecida a las que hace el crimen organizado. Inicialmente se arrestó a tres hombres, pero, por falta de evidencia, fueron liberados. Después, estos individuos fueron secuestrados, lo cual sugiere una posible venganza relacionada con el crimen organizado.
Esmeralda, exhibiendo una vida de opulencia, dominaba TikTok; compartía contenido ligado al narco. Su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, involucrado en ventas de coches y agricultura en Michoacán, una zona asolada por la violencia criminal.

Camilo Ochoa «El Alucín»

Camilo Ochoa Delgado, alias «El Alucín», fue hallado muerto el 16 de agosto de 2025, en Temixco, Morelos. Este influencer, presumía extravagancias y lujos en sus redes, abordando asuntos del narcotráfico. Fue incluido en unos «narco-folletos» arrojados desde un avión en Culiacán, Sinaloa, allá por enero de 2025; su asesinato se vincula con un ajuste de cuentas criminal.

📌 Influencer Desaparecida

Marian Izaguirre Pineda

El 1 de septiembre de 2025, Marian Izaguirre, jovencita de 23 años, fue reportada como desaparecida en Uruapan, Michoacán. La Fiscalía General del Estado puso en marcha el Protocolo Alba, pa’ encontrarla. El 6 de septiembre, la hallaron con vida en Morelia y fue llevada al hospital pa’ atención.
Izaguirre resuena en TikTok, Instagram y YouTube, y hace poquito, se estrenó en la música como Flor Izaguirre. Su desaparición, desató temores entre sus fans, ¡pero menos mal!, la encontraron bien.

Estos sucesos revelan la violencia en México, y la fragilidad de las estrellas en las redes sociales. A pesar de que ciertos crímenes están conectados con el crimen organizado, otros parecen ser resultado de la inseguridad, que abunda. Es crucial que las autoridades indaguen bien estos casos, ¡para la seguridad de la gente y para prevenir más actos violentos!.

Irma Hernández Cruz: Asesinada por no dar la cuota de extorsión.

No todos son influencers.

Irma Hernández Cruz, tenía 62 años, una maestra jubilada que conducía taxi en Veracruz, buscando completar su pensión. El 18 de julio de 2025, fue secuestrada por un grupo armado al negarse a pagar extorsión. Seis días después, su cuerpo fue hallado torturado, ejecutado.
Un vídeo que circula demuestra a Irma forzada a registrar un mensaje exigiendo a otros taxistas pagar las extorsiones, sugiriendo así que su homicidio fue un recado del crimen organizado.