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Colombia vuelve a estar en el centro del huracán. Un informe de 35 páginas elaborado por la firma estadounidense Culper Research ha desatado un terremoto político y empresarial que amenaza con trascender las fronteras del país y golpear la confianza de inversionistas internacionales. La investigación señala directamente al clan Char, una de las familias más poderosas de la política costeña, y a los hermanos Christian y José Daes, dueños de la multinacional Tecnoglass, por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y por operaciones financieras poco transparentes que pondrían en entredicho la credibilidad empresarial de Colombia.
El documento, publicado el 21 de agosto, lanza acusaciones graves: Serfinanza, el banco del grupo Char, habría sido utilizado para mover capitales asociados al narcotráfico, mientras que Tecnoglass estaría vinculada a adquisiciones sospechosas, como la compra de ES Metals, realizada —según Culper— con empresas de papel y sin claridad sobre el origen ni el destino de los fondos. “Las innumerables conexiones entre los miembros de Tecnoglass, la familia Daes y Serfinanza resultan alarmantes”, concluye el informe.
El eco de estas revelaciones ha salpicado a reconocidos nombres de la élite costeña, entre ellos Julio Andrés Torres, directivo de Serfinanza y de Tecnoglass; Luis Fernando Castro; Carlos Cure; Patricia Abuchaibe; Faisal Cure; y Julio Gerlein, recordado por su rol en el escándalo de la compra de votos que llevó a prisión a la excongresista Aída Merlano. Aunque Gerlein fue absuelto, el informe lo menciona como uno de los financiadores de esa campaña con al menos 1.500 millones de pesos.
La reacción política no tardó. El presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje en su cuenta de X, lanzó un interrogante que encendió la discusión nacional: “¿No debería ser investigado esto por la justicia?”. La frase, breve pero contundente, fue interpretada como un llamado a romper el blindaje que por años ha protegido a familias influyentes de la Costa frente a denuncias de esta magnitud. El jefe de Estado dejó así en evidencia la tensión entre la necesidad de preservar la imagen internacional del país y la pasividad con que la justicia suele actuar ante las élites políticas y empresariales.
Tecnoglass, por su parte, respondió con dureza. En un comunicado desestimó el informe, calificándolo de “falso, engañoso e infundado”, y lo atribuyó a un intento de manipular los mercados bursátiles en su contra. Sin embargo, la sombra de la duda persiste. No es la primera vez que la compañía se ve en la mira de investigaciones extranjeras: en 2021, la firma Hindenburg Research ya había divulgado acusaciones similares, poniendo en entredicho la transparencia financiera de la empresa y los presuntos vínculos de los Daes con organizaciones criminales.
El escándalo trasciende lo local y plantea un desafío mayúsculo en el ámbito internacional. Colombia, que busca proyectarse como un destino atractivo para la inversión extranjera y como un socio confiable en los mercados globales, enfrenta el riesgo de que estas denuncias erosionen la confianza de capitales internacionales. Analistas señalan que la imagen de empresas como Tecnoglass, cotizadas en Wall Street, podría verse gravemente golpeada si las acusaciones se consolidan o si no se esclarecen con rapidez.
El clan Char, que domina buena parte de la política en el Atlántico y ha construido un emporio empresarial que se extiende a la banca, la infraestructura y el comercio, ve amenazada ahora su capacidad de influencia por un informe que llega desde el extranjero y que podría abrir la puerta a investigaciones más profundas en Estados Unidos. El temor entre analistas es que la justicia colombiana actúe con lentitud, lo que dejaría a las agencias internacionales la responsabilidad de destapar lo que en el país podría quedar sepultado por la impunidad.
La élite barranquillera intenta blindarse, pero la tormenta ya está desatada. Lo que está en juego no es solo la reputación de dos de los clanes más poderosos de la Costa, sino también la credibilidad institucional de un país que, en medio de la lucha contra el narcotráfico, ve cómo la sombra del crimen organizado vuelve a rozar sus cúpulas empresariales y políticas.
La pregunta que queda flotando, tanto en Colombia como en el exterior, es si este informe será el detonante de un cambio real en la manera como se investiga y sanciona la corrupción en las altas esferas, o si se sumará a la larga lista de escándalos que se diluyen con el tiempo, dejando tras de sí un país cada vez más escéptico frente a sus propias instituciones.
carloscastaneda@prensamercosur.org
