Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, quien se desempeñó como director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, y el ex coordinador general Francisco Javier Ramírez Torres fueron condenados a 18 años y nueve meses de prisión por su implicación en delitos relacionados con el narcotráfico dentro del penal. La decisión del Tribunal Penal de Ciudad del Este se produjo tras cuatro meses de juicio oral y público, donde se analizaron múltiples pruebas y testimonios sobre la entrada y comercialización de drogas en la cárcel.
Además de Lombardo y Ramírez, Jorge Darío Mendoza Penayo, ex empleado de una firma privada, recibió una condena unánime de 12 años de cárcel, mientras que su colaborador, Leonardo Araújo Viera, fue sentenciado a seis años de prisión, aunque un juez votó en disidencia por 10 años. Los tres internos que distribuían la droga dentro de la penitenciaría también recibieron condenas de seis años: se trata de los libaneses Ali Chamas y Ali Fouani, y del brasileño Diego Pedro Barcik, quienes se encargaban de la venta a los demás reclusos. En el caso de Chamas y Fouani, un juez en disidencia elevó la pena a siete años.
El operativo que desencadenó estas investigaciones se realizó en diciembre de 2023, cuando agentes de Control de Automotores detectaron una furgoneta ingresando al penal con supuestas mercaderías que, tras la inspección, resultaron ser bolsas de marihuana. Los responsables del penal impidieron inicialmente la inspección, por lo que el fiscal Manuel Rojas debió intervenir directamente y descubrió cinco kilos de marihuana y otros objetos relacionados con el tráfico dentro del establecimiento. Lombardo fue acusado de borrar imágenes del circuito cerrado y de facilitar el ingreso de drogas, mientras que su coordinador y otros implicados fueron señalados como responsables de permitir y organizar la comercialización dentro del penal.
Durante el juicio, Lombardo sostuvo que su condena se basó únicamente en su supuesta autorización para el ingreso de estupefacientes, fundamentada en grabaciones de cámaras de seguridad. Señaló que su teléfono estuvo disponible para la investigación, pero que no se consideró como evidencia. “Me sorprende la sentencia, pero evaluaremos los pasos a seguir con mi abogado”, declaró.
La condena marca un caso relevante en la lucha contra el narcotráfico en instituciones penitenciarias, evidenciando tanto la complejidad de las investigaciones dentro de cárceles como el debate sobre la responsabilidad de los directivos en la prevención del ingreso y distribución de drogas.
El Poder Py
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