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Bogotá. En uno de los momentos más delicados de la historia política y judicial de Colombia, el futuro del expresidente Álvaro Uribe Vélez queda en manos de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Ellos tendrán la responsabilidad exclusiva de revisar la condena de 12 años de prisión impuesta en su contra el pasado 1 de agosto por los delitos de fraude procesal y soborno, en una sentencia de primera instancia que ya ha estremecido los cimientos del poder político en el país.
La defensa del exmandatario ha anunciado que presentará el recurso de apelación el próximo miércoles 13 de agosto. En él, intentará desmontar un fallo de 1.114 páginas que lo señala como el determinador de un entramado judicial para manipular testigos, con el propósito de limpiar su nombre de presuntos vínculos con grupos paramilitares. El tiempo corre en su contra: la acción judicial prescribe el 15 de octubre, lo que obliga al tribunal a actuar con celeridad.
Los magistrados designados para decidir este histórico caso son Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, quienes integran la Sala Penal No. 19 del Tribunal Superior de Bogotá. Merchán, que además preside la sala, será el ponente del caso. Sin embargo, su cercanía previa con el expediente podría derivar en una recusación, ya que fue él quien resolvió en su momento la legalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente por orden de la Corte Suprema de Justicia, que terminaron siendo pieza clave en el juicio.
Aquel episodio, marcado por el controvertido “error” que permitió interceptar al entonces senador Uribe, reveló conversaciones con su abogado Diego Cadena -también investigado por la justicia- en las que se habrían dado instrucciones directas para contactar y presionar a testigos clave, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, condenado a más de 40 años por múltiples delitos.
La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, concluyó en su sentencia que Uribe no solo estuvo al tanto, sino que autorizó las maniobras para inducir a Monsalve a retractarse de sus declaraciones que implicaban al expresidente con actividades paramilitares en la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en los años noventa. Según el fallo, la frase «proceda», atribuida a Uribe, se convirtió en el punto de quiebre probatorio que lo vincula como autor intelectual del soborno.
Por la dimensión del caso, el Consejo Seccional de la Judicatura tomó una decisión excepcional: suspender cualquier otro tipo de reparto judicial a la Sala Penal No. 19 desde el 5 hasta el 20 de agosto, permitiendo que sus magistrados se concentren de manera exclusiva en el análisis del recurso. Así, se detuvo el envío de nuevas acciones de tutela a los despachos encargados, con el objetivo de garantizar un estudio íntegro, imparcial y profundo de un expediente que no solo compromete el destino personal de Uribe, sino también la percepción de justicia e institucionalidad en Colombia.
Con la presión de la opinión pública, los plazos legales al límite y una nación dividida entre quienes ven a Uribe como un salvador y quienes lo consideran símbolo de impunidad, la decisión de esta sala será mucho más que jurídica: será una señal sobre si Colombia es aún capaz de juzgar sin miedo a sus más poderosos. La historia está en manos de tres jueces, y el mundo los está mirando.
