Tomas Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Una frase lanzada por Tomás Uribe, hijo del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ha reabierto una de las heridas más profundas de la política latinoamericana: la infiltración del narcotráfico en las instituciones democráticas. Su propuesta —que todos los políticos con vínculos comprobados con el crimen organizado sean extraditados— ha generado una oleada de reacciones que cruzan fronteras y sacuden incluso a su propio linaje.
“Debemos impedir que el narco-régimen se atornille por 20 años”, advirtió Uribe Moreno en declaraciones recientes, con un tono alarmista y desafiante. Pero lejos de consolidarse como una cruzada ética, su propuesta detonó un efecto búmeran: lo que muchos vieron como un llamado a limpiar la política, otros lo interpretaron como una provocación cargada de ironía, considerando el historial de su propio entorno familiar.
Diversos medios internacionales, analistas y usuarios en redes sociales recordaron que varios allegados al expresidente Uribe han sido investigados o condenados por vínculos con el narcotráfico. Su cuñada, Dolly Cifuentes Villa, fue capturada y extraditada a Estados Unidos, donde fue sentenciada por asociación con el cartel de Sinaloa. Su hija, sobrina del expresidente, Ana María Uribe Cifuentes, también fue solicitada en extradición por las autoridades estadounidenses. Y su medio hermano, Camilo Uribe Vélez, ha sido mencionado en investigaciones por supuestos nexos con estructuras criminales en Colombia.
La propuesta de Tomás Uribe, sin matices ni excepciones, reactivó los cuestionamientos sobre los vínculos entre el poder político y el crimen transnacional. Y mientras algunos sectores lo celebran como un giro audaz frente a la complicidad estructural que ha blindado a narcopolíticos por décadas, otros señalan que el discurso se queda corto si no empieza por casa.
“El que tiene rabo de paja, que no se acerque a la candela”, replicaron miles de colombianos, recordando además que el partido fundado por su padre, el Centro Democrático, también ha sido salpicado por escándalos como el caso de “Memo Fantasma” -un presunto narcotraficante que habría financiado campañas políticas- o la llamada “Ñeñepolítica”, con audios que vinculan a figuras cercanas al uribismo en supuestos pactos con narcos.
La declaración de Tomás Uribe ha cruzado las fronteras colombianas y reactivado el debate en América Latina y Estados Unidos, donde la extradición ha sido una herramienta clave -y también controvertida- en la lucha contra el crimen organizado. ¿Es esta una ruptura real con las prácticas del pasado? ¿O un acto de cálculo político en busca de legitimidad futura?
En tiempos donde la legitimidad de los liderazgos se mide también por la coherencia moral, la frase de Tomás Uribe ha expuesto no solo la fragilidad de muchas democracias latinoamericanas ante el dinero sucio, sino también los silencios incómodos que persisten en las casas más influyentes del continente.
