El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha sido objeto de intensas críticas y denuncias por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Diseñado como parte de la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado y las pandillas, esta prisión ha sido calificada como la más grande de América, con capacidad para albergar hasta 40,000 detenidos. Sin embargo, los testimonios de exreclusos han revelado condiciones alarmantes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En marzo de 2023, más de 250 migrantes venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos al CECOT bajo la administración del expresidente Donald Trump. Entre los deportados había hombres que habían ingresado legalmente a Estados Unidos y cumplían con las normativas migratorias. Algunos habían solicitado asilo por persecución política o discriminación en Venezuela, mientras otros contaban con permisos temporales de residencia y trabajo.
Los vuelos hacia El Salvador fueron organizados sin previo aviso sobre el destino final. Según los testimonios recogidos por *The Washington Post*, los detenidos fueron encadenados y privados de información durante todo el proceso. Al llegar al CECOT, las condiciones se tornaron rápidamente inhumanas. Los relatos incluyen golpizas, abusos sexuales, falta de atención médica y un aislamiento extremo que les impedía cualquier contacto con el exterior.
Los testimonios de 16 exreclusos ofrecen una visión detallada del funcionamiento interno del CECOT. Las celdas grupales, diseñadas para alojar hasta 20 hombres, carecen de ventanas y ventilación adecuada. Los detenidos dormían en camas metálicas sin colchones, rodeados por el hedor de sanitarios sin privacidad. Las luces permanecían encendidas las 24 horas del día, y el acceso al agua y a los baños estaba estrictamente controlado.
La alimentación era limitada y básica, mientras que las golpizas y humillaciones eran frecuentes. Según los relatos, algunos detenidos fueron agredidos sexualmente por guardias penitenciarios en celdas de aislamiento conocidas como “La Isla”. Otros reportaron intentos de suicidio debido a la desesperación y el deterioro psicológico causado por las condiciones extremas.
Los detenidos con problemas de salud enfrentaron situaciones críticas. Personas con diabetes, hipertensión e insuficiencia renal recibieron atención médica insuficiente o incorrecta. En un caso, la administración equivocada de insulina provocó convulsiones en un detenido antes de que los guardias intervinieran.
Las denuncias sobre las condiciones en el CECOT han generado preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos. Isabel Carlota Roby, abogada sénior de Robert F. Kennedy Human Rights, afirmó que el trato recibido por los detenidos podría violar las convenciones de la ONU contra la tortura, suscritas por El Salvador y Estados Unidos.
Un panel internacional investiga si las prácticas en el CECOT constituyen crímenes de lesa humanidad. Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, ha señalado que existen motivos razonables para una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Entre las acusaciones se incluyen torturas sistemáticas, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias.
El gobierno salvadoreño ha mantenido una postura defensiva frente a las acusaciones. Damián Merlo, lobista del presidente Bukele en Estados Unidos, calificó las denuncias como infundadas y aseguró que los detenidos eran delincuentes que merecían estar en prisión. Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, reiteró que los deportados eran presuntos miembros del Tren de Aragua, aunque reconoció que muchos no tenían antecedentes penales.
La administración Trump justificó las deportaciones como parte de su política para combatir el crimen organizado. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca durante ese periodo, agradeció la colaboración de Bukele para expulsar a “pandilleros ilegales” del territorio estadounidense. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con los testimonios que apuntan a detenciones basadas en tatuajes o perfiles raciales.
En julio de 2023, los venezolanos detenidos en el CECOT fueron liberados como parte de un acuerdo internacional negociado entre Bukele y Nicolás Maduro. Los exreclusos fueron trasladados a Venezuela bajo estricta vigilancia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Antes de reunirse con sus familias, algunos fueron obligados a grabar videos agradeciendo al gobierno venezolano por su liberación.
Si bien algunos expresaron gratitud hacia Maduro por negociar su retorno, otros manifestaron temor ante posibles represalias políticas. La experiencia vivida en el CECOT marcó profundamente a los deportados, quienes describieron su tiempo en la prisión como una pesadilla que transformó su búsqueda del sueño americano en un episodio traumático.
El caso del CECOT pone en evidencia las complejidades y tensiones entre políticas migratorias internacionales y derechos humanos fundamentales. Las denuncias sobre torturas y abusos en esta megacárcel han generado cuestionamientos sobre la legalidad y ética detrás de las deportaciones masivas promovidas por Estados Unidos y la colaboración con gobiernos autoritarios como el de Bukele.
La comunidad internacional enfrenta ahora el desafío de investigar a fondo estas acusaciones y garantizar justicia para las víctimas. Mientras tanto, el CECOT sigue siendo un símbolo controvertido del enfoque salvadoreño para combatir el crimen organizado, dejando una sombra sobre su reputación global en materia de derechos humanos.
