Imagen Infopresiencia
Colombia se juega mucho más que una serie de artículos y disposiciones técnicas con el borrador de Reforma a la Justicia presentado por el ministro Luis Eduardo Montealegre Lynett. Bajo la premisa de que no habrá espacio para una paz sin justicia -ni para una justicia sin rostro humano-, este proyecto de ley pretende convertirse en uno de los pilares del llamado Gobierno del Cambio, al tiempo que pone a prueba la madurez de un país acostumbrado a las promesas de reconciliación y harto de los aplazamientos.
El borrador, revelado durante la posesión de los nuevos viceministros Olga Claros y Yefferson Dueñas, y de los directores Juan David Villalba y Fabiola Castro, marca una hoja de ruta ambiciosa: dotar de un marco legal robusto la política de Paz Total y, con ella, abrir compuertas para la rendición de cuentas de grupos armados ilegales, redes de crimen organizado y terceros que se han beneficiado de la violencia. Montealegre ha dejado claro que aquí no hay espacio para indulgencias a ciegas: el proyecto promete equilibrio entre verdad, reparación y garantías de no repetición, sin perder de vista que cualquier paso en falso podría traducirse en impunidad.
Lejos de quedarse en un gesto simbólico, la iniciativa contempla una reforma estructural, construida -según promete el ministro- “desde las bases hacia la cúspide”. El objetivo: sacudir no solo el sistema penal, sino también la justicia civil, de familia, comercial y arbitral, desmontando la idea de que la justicia es un edificio erguido para unos pocos.
En su núcleo, el borrador perfila un régimen penal transicional y diferenciado, con incentivos claros para quienes decidan desmovilizarse y colaborar con la verdad, entregar bienes o contribuir a la reparación colectiva. Entre sus puntos más innovadores figuran medidas de justicia restaurativa, participación comunitaria y procedimientos ágiles que no desconocen garantías procesales. Es, en palabras del ministro, un intento de armonizar el derecho de las víctimas con el derecho de todos los colombianos a vivir sin miedo.
Pero no todo es aplauso fácil. El borrador ya genera tensiones jurídicas: ¿puede el Estado conceder beneficios a financiadores de estructuras criminales sin que exista un proceso judicial previo? ¿Es compatible la flexibilidad procedimental con el respeto irrestricto al debido proceso? La Corte Constitucional ha dibujado líneas claras: sin verdad y participación real de las víctimas, cualquier modelo de justicia transicional tambalea. Y ese es, quizás, el mayor desafío: blindar la promesa de paz para que no se convierta en una coartada para la impunidad.
A falta de su radicación formal -prevista para el próximo 20 de julio ante el Congreso-, el texto ya circula entre los miembros del Consejo de Política Criminal, un órgano que reúne desde la cúpula judicial hasta la Policía, pasando por la Fiscalía, el ICBF y dos senadores y cuatro representantes a la Cámara. El pulso político y técnico será arduo: la experiencia colombiana con reformas a la justicia enseña que entre el entusiasmo y la letra final de la ley suele abrirse un abismo.
Con este borrador, el Gobierno del Cambio lanza un mensaje audaz: la paz, si es real, exige decisiones difíciles y un aparato judicial capaz de procesarlas. De lo contrario, seguirá siendo un titular amable que se desvanece al primer disparo
Este es el Borrador Completo de la Reforma a la Justicia
