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En un momento en que la crisis del sistema de salud colombiano vuelve a encender alarmas más allá de sus fronteras, la Superintendencia Nacional de Salud lanzó una advertencia directa: el verdadero problema puede no ser la escasez de recursos, sino la forma en que se manejan.
Ante representantes de 27 Entidades Promotoras de Salud (EPS) reunidas en Bogotá, el superintendente Rubiano García respaldó los hallazgos de la Contraloría General, que evidencian la fragilidad estructural de las finanzas del sector. Sin rodeos, invitó a los actores de la salud a revisar si la crisis se sostiene por falta de dinero o por la débil vigilancia en el uso de los fondos públicos que alimentan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“El gobierno no vino a liquidar instituciones, vino a administrar y salvarlas de la quiebra”, sostuvo Rubiano, quien insistió en que la intervención estatal busca impedir un colapso en cadena de EPS, clínicas, hospitales y demás prestadores. A su juicio, la solución pasa por una reforma estructural que no se limite a inyectar recursos, sino que garantice que cada peso se traduzca en atención real y oportuna para los pacientes.
En la mesa de trabajo se puso sobre la mesa un punto sensible: la facturación y auditoría de los servicios prestados. “No puede seguirse radicando lo que no se presta. Las EPS tienen la obligación de verificar y auditar cada factura. Sin controles rigurosos desde el inicio, el sistema seguirá sangrando”, enfatizó el funcionario ante los directivos de las aseguradoras de salud, responsables de garantizar la atención de millones de colombianos.
La reunión no se limitó a diagnósticos. Sobre la mesa se acordaron pasos concretos, como dar plena aplicación a la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que faculta a las EPS a negociar colectivamente con la industria farmacéutica. Con ello se busca abaratar la compra de medicamentos y otras tecnologías vitales, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas de alto costo.
El encuentro también reiteró la urgencia de cumplir la Circular 019 de 2025, que prohíbe barreras administrativas para acceder a tratamientos. A pesar de ser una norma vigente, su incumplimiento sigue siendo una queja recurrente de pacientes y asociaciones médicas.
Al cerrar la jornada, Beltrán recordó que detrás de las cifras y balances están los ciudadanos que esperan soluciones y no excusas: “Cada deuda que acumula una EPS es un tratamiento que se retrasa, una vida que se pone en riesgo. Este no es solo un asunto financiero, es un asunto de dignidad humana”.
Con la presión de la Contraloría y la mirada vigilante de la sociedad, la Supersalud dejó claro que la tarea ya no admite dilaciones. La mesa está servida: ahora, dicen desde el gobierno, las EPS deben demostrar que saben administrar cada peso como si fuera el último.
