Líder del Movimiento Fuerza Ciudadana y precandidato a la presidencia de Colombia , Carlos Caicedo
En un giro sin precedentes para la memoria y la justicia en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, como víctima directa del conflicto armado. Así lo estableció la Sala de Reconocimiento de Verdad mediante el Auto OPV 677 del 18 de junio de 2025, dentro del Caso 08 – Subcaso Gran Magdalena, que investiga crímenes cometidos por agentes estatales, estructuras paramilitares y terceros civiles.
No se trata de un reconocimiento menor. Para la JEP, lo que enfrentó Caicedo durante más de dos décadas no fueron simples tropiezos legales ni ataques mediáticos dispersos: fue una estrategia sistemática de exclusión política, cimentada en la estigmatización, los montajes judiciales, la difamación y el uso de testigos falsos. Un entramado que, según la justicia transicional, demuestra que en Colombia la eliminación del opositor no solo se ejecuta con balas, sino también con expedientes y titulares amañados.
En su fallo, la Sala advirtió que la persecución política en Colombia ha mutado con los años: del plomo y la motosierra a la guerra judicial y la difamación, mecanismos que destruyen biografías, anulan liderazgos y desalientan a quienes se atreven a disputar espacios de poder a redes políticas y criminales consolidadas.
El caso de Caicedo es, en palabras de la JEP, una ventana para entender una dimensión del conflicto que suele pasar de largo: la macrocriminalidad silenciosa que se ejerce desde despachos públicos, tribunales y redacciones. Durante su rectoría en la Universidad del Magdalena (1997–2006), Caicedo se enfrentó a las mafias que se enquistaron en la educación pública en la Costa Caribe. Fue entonces cuando comenzaron los falsos expedientes, los testigos comprados y las campañas de desprestigio que intentaron borrar su nombre de la política regional.
El fallo de la JEP se sustenta en pruebas contundentes. Entre ellas, la sentencia de Justicia y Paz de 2018 que desmontó acusaciones fabricadas por sectores políticos ligados al paramilitarismo y el archivo de varias investigaciones por parte de la Fiscalía General en 2023, por falta de sustento jurídico. La Sala valoró además testimonios y documentos que revelan cómo operaba la maquinaria de persecución judicial para apartar del camino a quienes incomodaban a ciertos intereses.
“Mi caso es solo un reflejo del dolor de centenares de colombianos que enfrentaron un aparato judicial manipulado para silenciar la verdad. Esta decisión envía un mensaje poderoso: por encima de la mentira siempre se abre paso la verdad”, dijo Caicedo al conocer el fallo.
La acreditación como víctima interviniente otorga a Caicedo la facultad de participar activamente en los procesos de la JEP, aportar pruebas y exigir garantías de no repetición. Su caso se convierte en referente para otros líderes sociales y políticos que aún hoy soportan campañas de aniquilamiento mediático o judicial bajo la sombra de la impunidad.
Pero más allá del nombre propio, la decisión de la JEP reconfigura la forma en que Colombia debe leer su propia historia. Reconoce que las heridas de la guerra no solo se abren en los campos de batalla: también se siembran en juzgados, redacciones y despachos donde se trama la muerte civil de quienes se atreven a desafiar pactos de poder.
En un país que carga miles de víctimas sin rostro y sin voz, este fallo lanza una advertencia clara: la persecución política, por sofisticada o “legal” que parezca, es un crimen que debe ser contado, reparado y nunca repetido. Porque una democracia solo respira cuando ninguna forma de violencia -ni la de las balas ni la de los expedientes- logra silenciar la disidencia.
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