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En un fallo que confirma el espíritu de la Constitución y pone freno a lo que desde varios sectores ha sido leído como una persecución política, la Corte Constitucional de Colombia determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene facultades para investigar al presidente Gustavo Petro por los gastos de su campaña presidencial. La decisión, respaldada por una mayoría de cinco magistrados frente a cuatro, establece que solo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes puede conocer procesos contra un presidente en ejercicio.
La sentencia es un hito jurídico y político. No solo delimita claramente las competencias de las instituciones del Estado, sino que también envía un mensaje claro frente a los intentos de instrumentalizar organismos de control para fines políticos. La Corte acogió los argumentos de la defensa del mandatario, quien había acudido al alto tribunal solicitando la protección de sus derechos constitucionales, en respuesta a la apertura de una investigación por parte del CNE, basada en supuestas irregularidades en la financiación de su campaña.
En su demanda, la defensa de Petro recordó que el artículo 178 de la Constitución es claro: solo el Congreso puede investigar al presidente. Cualquier otra interpretación, advirtió, no solo viola el principio de legalidad, sino que abre la puerta a una peligrosa politización de los entes de control.
El presidente Gustavo Petro, primer mandatario progresista en la historia republicana de Colombia, ha sido blanco constante de ataques, cuestionamientos y maniobras institucionales promovidas por sectores de oposición que no han aceptado su llegada al poder por la vía democrática. Para muchos, el proceso abierto por el CNE era una nueva expresión de ese asedio. La Corte, al ordenar el traslado del expediente a la Comisión de Acusación, no entra a juzgar el fondo del caso, pero sí protege el debido proceso y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado de Derecho.
La controversia tuvo origen en agosto de 2024, cuando el CNE anunció que investigaría si la campaña de Petro había excedido los límites legales de financiación. El anuncio desató una tormenta política. De inmediato, el presidente desmintió los señalamientos y explicó, con pruebas, que no existían irregularidades. Según su versión, los aportes realizados por sindicatos como Fecode y la USO no ingresaron directamente a la campaña sino al partido Colombia Humana; los pagos a testigos electorales no debían ser contabilizados como gastos de campaña; los gastos en publicidad fueron reportados y auditados conforme a la ley; y los vuelos declarados ante la DIAN corresponden a servicios efectivamente prestados, sin vínculo exclusivo con la campaña.
Además, el evento de celebración de su victoria en el Movistar Arena, ocurrido el 19 de junio de 2022, fue posterior al cierre del periodo oficial de campaña y, por tanto, no debía figurar en los informes de gastos electorales.
Con la orden de la Corte, el CNE deberá remitir en un plazo máximo de cinco días todo el expediente a la Comisión de Acusación. Este órgano, históricamente cuestionado por su ineficiencia, tendrá ahora la responsabilidad de determinar si existen o no méritos para continuar el proceso. En todo caso, el fallo de la Corte ha sido interpretado como un acto de protección a la institucionalidad y un llamado de atención frente al uso político de las entidades estatales.
El presidente Petro reaccionó con mesura, escribiendo en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) una breve frase: “Bien por la Corte Constitucional”. Detrás de esa expresión sobria, se percibe la tranquilidad de quien confía en las instituciones, pero también el cansancio de quien ha tenido que resistir una ofensiva política permanente desde que asumió el poder.
La sentencia marca un precedente para el país y para la región. Colombia, que avanza con dificultad en la construcción de una democracia más plural e incluyente, sigue enfrentando tensiones entre el viejo orden político y las nuevas fuerzas populares que llegaron al poder por el voto ciudadano. El fallo de la Corte, más allá de sus efectos jurídicos inmediatos, también es una señal: el Estado de Derecho no puede ser manipulado para saldar cuentas ideológicas. Y aunque el presidente Gustavo Petro deberá seguir enfrentando una oposición férrea, ahora lo hará con un respaldo claro del máximo tribunal constitucional del país.
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