Piden que magistrada Coaquira dé la cara y que el presidente del TSJ denuncie los otros casos de falsedad

Dos exautoridades públicas y abogados constitucionalistas demandaron que la magistrada Fanny Coaquira brinde explicaciones públicas y presente sus descargos por la denuncia de falsedad documental con la que se habría habilitado como candidata a las elecciones judiciales de diciembre de 2024. Asimismo, pidieron que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, cumpla con su deber y denuncie ante el Ministerio Público los otros siete casos de presunta falsificación de documentos que dijo conocer.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Marco Antonio Valdivieso (2010-2011) y el exministro de Justicia Carlos Goitia (2002) coincidieron en que el denominado “caso consorcio” revela el profundo deterioro institucional de la justicia en Bolivia y advirtieron que el escándalo no se esclarecerá mientras el actual gobierno continúe en funciones.

Durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, Goitia sostuvo que este no es un hecho anecdótico, sino una muestra clara de cómo operan ciertos jueces, fiscales y abogados organizados en consorcios que “venden sentencias al mejor postor, extorsionando o cobrando por favores judiciales”.  Consideró vergonzoso que aún no exista un proceso abierto ni pericias que determinen si los documentos presentados por Coaquira son falsos.

En su criterio, si se demuestra que el certificado de docencia presentado por la magistrada Coaquira es falso, corresponde aplicar sanciones penales, proceder a su destitución e incluso exigir su renuncia inmediata.

Goitia también cuestionó duramente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por su actitud “amenazante y nerviosa” ante una pregunta de la prensa sobre su eventual renuncia por este caso.  Recordó que el exministro de Justicia, César Siles, mencionó a Mariaca como parte de las autoridades que supuestamente “arreglarían el fallo” para habría afectado a la magistrada   Coaquira.

Asimismo, criticó al presidente del TSJ, Romer Saucedo, por no haber formalizado hasta la fecha ninguna denuncia pese a haber afirmado que conoce otros siete casos similares. “Parece que se quiere limitar la investigación solo a ciertas personas y no a todos los involucrados”, dijo.

Por su parte, Marco Antonio Valdivieso consideró que la magistrada debe dar la cara ya que “el consorcio de jueces y abogados se ha vuelto moneda corriente en la justicia boliviana”, donde muchos operadores ven sus cargos como una vía para el enriquecimiento ilícito.

Cree que mientras esté este gobierno, “si lo anotan mejor, este caso no se va a esclarecer. No corresponde a este gobierno”. Coincide con el abogado Goitia sobre la necesidad de investigar los otros casos, que se procesen, pero mientras esté este gobierno, este caso no será aclarado, puntualizó.

“Aquí está inmiscuido todo el poder del Estado en este momento. El gobierno y los tribunales e incluso el Ministerio Público no tendrían que formar parte de la investigación. Así que para mí esta situación se va a aclarar después de las elecciones y después de ese relevo de personeros y del propio gobierno”, manifestó.

Ambos juristas coincidieron en que el caso Coaquira puede ser la punta del iceberg y que los demás casos de falsedad deben ser procesados con transparencia e independencia.

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