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En una declaración cargada de tensión y simbolismo político, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que el esquema de protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe fue reducido “extrañamente” el mismo día en que fue víctima de un atentado, un hecho que ha desatado inquietantes preguntas sobre las condiciones que rodearon el ataque y ha encendido aún más el ya caldeado clima político del país.
“El esquema de protección de Miguel Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. De siete a tres personas”, afirmó Petro, visiblemente preocupado, en una declaración pública que buscó tanto aclarar como sacudir. Lejos de ofrecer certezas, el mandatario se adentró en un terreno de hipótesis múltiples, reconocidas por él mismo como inciertas pero en proceso de indagación oficial. “Es mi responsabilidad brindar la información que tenemos disponible. Nos movemos en el terreno, hasta ahora, de hipótesis. Y son muchas, y diferentes”, dijo.
La declaración del jefe de Estado no solo expuso los vacíos que aún envuelven el atentado contra Uribe, sino que también tocó fibras sensibles de la política nacional. Petro lamentó que, según él, sectores de la oposición intenten convertir un hecho de esta gravedad en herramienta electoral. “No me gusta, y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel”, declaró, aunque también reconoció “una conducta prudente de muchos de mis contradictores”.
Sin embargo, esa prudencia no ha sido, a juicio del mandatario, una constante. Petro acusó a otros sectores de la oposición de estar actuando con una “actitud suicida para la sociedad y la paz”, en medio de lo que calificó como un intento por sabotear el proyecto de gobierno que, según recordó, recibió el respaldo popular en 2022. “Este es un gobierno de la paz, de la vida, y del cambio, en búsqueda de un estado social de derecho y la justicia social”, reiteró con firmeza.
Pero la intervención de Petro no se limitó a la defensa institucional ni a la crítica política. En un giro que estremeció tanto a simpatizantes como detractores, el presidente aseguró que él mismo es blanco de amenazas graves. “Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero”, denunció. Y fue más allá: “Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción”, afirmó, en alusión directa al servicio de inteligencia de Israel, lo que sugiere una dimensión internacional en las presiones que enfrenta.
La gravedad de estas afirmaciones no pasó inadvertida. En un país donde la violencia política ha dejado heridas profundas, el señalamiento de Petro reaviva temores sobre la estabilidad democrática y el respeto a la vida en el ejercicio del poder. “Lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz, es alcanzar justicia social”, reflexionó, apelando al diálogo y a la reconciliación, mientras se mantiene firme en lo que considera su mandato histórico.
El atentado contra Miguel Uribe, lejos de ser un caso aislado, se ha transformado en un punto de inflexión. La disminución de su protección, en circunstancias aún sin explicación satisfactoria, ha dejado en evidencia los vacíos de un sistema de seguridad en crisis, pero también ha expuesto las fracturas de un país polarizado, donde la violencia sigue siendo una amenaza latente para el debate democrático. La incertidumbre sobre quién está detrás del ataque crece al mismo ritmo que el cruce de acusaciones. Y en el centro, una sociedad que observa, atónita, cómo la política parece volver a jugarse entre la vida y la muerte.
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