Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este miércoles una de sus denuncias más explosivas hasta la fecha, al señalar la existencia de una poderosa organización criminal transnacional a la que llamó “la Junta del Narcotráfico” y que, según sus palabras, habría intentado asesinarlo.
A través de su cuenta oficial en la red X, Petro reaccionó a un informe publicado por InSight Crime, centro de estudios especializado en crimen organizado en América Latina, que reveló la reciente captura de Dritan Gjika, un narcotraficante albanés detenido en Emiratos Árabes Unidos. Gjika, según el informe, es acusado de encabezar una red responsable del envío de más de 9,5 toneladas de cocaína desde Colombia hacia Europa, vía Ecuador.
«Esto se llama la Junta del Narcotráfico», escribió el mandatario. «Con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y, a través del CTI, el puerto de Buenaventura». Pero la acusación no se detuvo ahí: Petro vinculó a esta organización con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en 2022. “Son autores del asesinato del fiscal Pecci, y lograron encubrir a los autores intelectuales en la Fiscalía», denunció. Y lanzó una afirmación contundente que ha estremecido al país: “Han buscado asesinarme sin éxito”.
La denuncia no es aislada. A inicios de mayo, Petro ya había hablado públicamente sobre la existencia de esta supuesta alianza criminal, conformada por actores del narcotráfico, grupos armados y hasta funcionarios públicos. Afirmó entonces que la “Junta del Narcotráfico” se habría reunido en Medellín junto a facciones del ELN, miembros del Clan del Golfo y civiles elegidos en cargos públicos. Según el presidente, de aquel encuentro -que, según él, tuvo también una extensión en Abu Dabi- surgió una decisión concreta: planear su asesinato.
Las afirmaciones del mandatario trazan un mapa alarmante de convergencia entre mafias internacionales, actores locales armados y redes de corrupción institucional. De confirmarse, hablaríamos de una estructura de poder paralelo con capacidad para infiltrarse en los sistemas judiciales, aduaneros y políticos de varios países.
El protagonista de esta investigación, Dritan Gjika, es señalado como el cerebro financiero de una vasta operación de tráfico de drogas que operaba desde la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde se instaló en 2013. Gjika habría utilizado empresas legales, contenedores comerciales y una red de subcontratistas para exportar cargamentos masivos de cocaína hacia Europa, sin dejar huellas directas.
Durante años, su nombre permaneció en la sombra, protegido por una red que, según denuncias recientes, incluía funcionarios y esquemas de corrupción a gran escala. Pero su imperio comenzó a tambalear en 2023, cuando informes de prensa y filtraciones judiciales lo vincularon con operaciones ilícitas que rompieron su anonimato.
Con la captura de Gjika y la denuncia pública del presidente Petro, Colombia se encuentra ahora ante un nuevo capítulo de su larga y compleja guerra contra el narcotráfico. Pero esta vez, el conflicto no solo atraviesa las selvas del sur o las costas del Pacífico. Según el jefe de Estado, el poder de estas mafias se extiende hasta las oficinas de fiscales, los despachos públicos y los puertos internacionales.
Las acusaciones de Petro, más allá del debate político que puedan suscitar, obligan a mirar de frente una realidad incómoda: el narcotráfico ha mutado en una red global que no solo transporta cocaína, sino que también trafica influencia, impunidad y, en palabras del propio mandatario, muerte.
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