Exfuncionario mexicano condenado en EEUU a pagar US$2,400 MM

Una corte de Estados Unidos condenó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa a pagar 2,400 millones de dólares al Estado mexicano por un caso de corrupción, informó este jueves el gobierno mexicano.

Se trata de la segunda condena contra el funcionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.

Como secretario de Seguridad, García Luna era el responsable de la lucha antidrogas durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).

El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra el exsecretario y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del Ejecutivo, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.

El exfuncionario, de 56 años, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745.9 millones de dólares.

En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjero» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.

Más acusaciones

Además de las condenas por proteger al cártel de Sinaloa y el caso de lavado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el exfuncionario debe enfrentar otras acusaciones en México.

Entre ellas está su participación en el caso «Rápido y Furioso», un fallido operativo realizado entre 2006 y 2011 en el que ingresaron a México más de 2,000 armas largas desde Estados Unidos con el objetivo de conocer la ruta que seguían hasta las organizaciones criminales.

Las autoridades perdieron el rastro de las armas y algunas fueron halladas en escenas de crímenes.

Además, el gobierno sostiene que García Luna debe afrontar «su involucramiento en una asociación delictuosa» para la privatización de cárceles federales y por contratos entregados de manera irregular para el equipamiento de penitenciarías.

Sheinbaum ha señalado también a García Luna de la violencia que se desató a raíz de una operación militar antidrogas ordenada por Felipe Calderón en 2006.

Desde entonces, el país acumula más de 450,000 homicidios y unos 100,000 desaparecidos.

«No hay diferencia entre este personaje y Joaquín ‘Chapo’ Guzmán (cofundador del cártel de Sinaloa), un personaje reconocido por ser narcotraficante», dijo Sheinbaum cuando García Luna fue condenado por sus tratos con esa organización criminal.