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La Procuraduría General de la Nación ha puesto la lupa sobre un contrato por casi 90 millones de pesos entre el Ministerio del Interior y RTVC, el Sistema de Medios Públicos, desatando una tormenta política que enfrenta al ministro Armando Benedetti con el Ministerio Público, sectores de la oposición y poderosos intereses mediáticos. La controversia surge a raíz de una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño, quien sostiene que el acuerdo tendría como finalidad financiar eventos en respaldo a una consulta popular.
Aunque el contrato aún no ha sido firmado, la Procuraduría activó su facultad preventiva y envió un extenso cuestionario a Benedetti para que esclarezca los alcances del convenio. El documento, firmado por el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, exige respuestas sobre si existe un convenio vigente, cuál es su objeto, si contempla actividades logísticas como montaje de eventos o alquiler de equipos, así como detalles sobre su duración, valor adjudicado, proceso de adjudicación y mecanismos de supervisión.
Pero más allá de los aspectos técnicos, la situación ha revelado un trasfondo mucho más complejo. En años anteriores, recursos similares destinados a difusión institucional eran canalizados principalmente a través de medios privados. Ahora, con el viraje hacia los medios estatales como RTVC, algunos sectores ven en esta redistribución una afrenta directa. Varios analistas y actores políticos consideran que se trata de una posible retaliación contra medios privados y empresarios de línea opositora, que han dejado de recibir la pauta oficial.
La reacción de Benedetti fue inmediata y explosiva. Desde su cuenta de X (antes Twitter), el ministro descargó su molestia: “Qué persecución tan HP. No se ha firmado aún el contrato con RTVC y ya tengo denuncias por un imberbe concejal y requerimientos de la Procuraduría. ¿Qué es esta locura?”, escribió. El mensaje no solo refleja el tono con el que el funcionario ha decidido encarar la polémica, sino que también destapó nuevas tensiones en el ya polarizado escenario político colombiano.
Mientras el ministro asegura que se trata de una campaña en su contra, la Procuraduría insiste en su deber de vigilancia preventiva. Lo cierto es que la redistribución de los recursos de comunicación del Estado ha reconfigurado el mapa de poder entre los medios y encendido alarmas en sectores que antes dominaban la pauta oficial. La controversia, que en principio parecía circunscribirse a una contratación aún no concretada, se ha convertido en un caso de alto voltaje político que toca fibras profundas del poder, la opinión pública y el control institucional.
La respuesta de Benedetti al cuestionario marcará el rumbo de los próximos días, en un país donde los contratos públicos son cada vez más observados y donde los medios, estatales o privados, siguen siendo piezas claves en la disputa por la narrativa nacional.
