Imagen Universidad Nacional de Colombia
Un informe reciente de la Contraloría General de la República revela una amenaza creciente que pone en jaque la sostenibilidad de las universidades públicas más emblemáticas de Colombia. Con cifras que estremecen, la entidad de control advierte que el pasivo pensional acumulado por instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle alcanzó los 8,3 billones de pesos al cierre de 2024. Solo la Universidad Nacional arrastra una deuda pensional de 4,5 billones, lo que la convierte en el caso más crítico del sistema.
El estudio, que analizó en detalle la situación fiscal y presupuestal de las principales universidades públicas del país —incluida también la Universidad Industrial de Santander—, pinta un panorama alarmante: la supervivencia de estas instituciones, pilares de la educación superior colombiana, está en riesgo si no se adoptan medidas urgentes y estructurales.
Las causas del descalabro financiero son múltiples y complejas. La falta de actualización de los cálculos actuariales en algunas universidades, con bases de datos de hasta diez años de antigüedad, ha distorsionado el diagnóstico real de sus obligaciones. A esto se suma el incumplimiento en el giro oportuno de recursos por parte del Gobierno nacional, lo que obstaculiza el pago a pensionados y agrava el deterioro financiero.
Uno de los puntos más sensibles identificados por la Contraloría es la carga que representa el régimen salarial de los docentes establecido en el Decreto 1279 de 2002, que premia la productividad académica con incrementos salariales acumulables. Sin una fuente específica de financiación, esta política ha disparado los costos sin que el presupuesto estatal crezca al mismo ritmo. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, pasó de pagar 10.364 millones de pesos por puntos académicos en 2017 a más de 18.200 millones en 2024, un salto del 76% en apenas siete años.
El informe también señala con preocupación los efectos del Decreto 391 de 2025, que obliga a formalizar la planta de personal de las universidades públicas sin garantizar los recursos necesarios. Según cálculos del Sistema Universitario Estatal, este proceso demandará al menos 2,9 billones de pesos adicionales, una carga presupuestal sin respaldo financiero claro por parte del Estado.
Otro golpe financiero viene de la política de gratuidad en las matrículas. Aunque bien intencionada, su implementación ha generado distorsiones en el flujo de caja de las universidades. Actualmente, estas instituciones reciben solo un 80% de los recursos al inicio del semestre y el restante 20% después de complejos procesos de validación del Ministerio de Educación. En 2024, la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y los retrasos administrativos provocaron giros fraccionados que afectaron la planeación y operación académica de las universidades.
La infraestructura, uno de los pilares olvidados del sistema, también sufre. La Universidad Nacional, por ejemplo, arrastra un rezago histórico en proyectos físicos y tecnológicos por un valor cercano a los 1,4 billones de pesos. Sin una inversión decidida, la calidad y expansión de los servicios educativos seguirá comprometida, limitando la capacidad del país para formar profesionales competitivos en un entorno global.
La Contraloría concluye con un llamado contundente: sin una reforma urgente al esquema de financiación establecido por la Ley 30 de 1992, y sin una transferencia efectiva y oportuna de los recursos por parte del Gobierno nacional, el país corre el riesgo de colapsar uno de sus bienes públicos más valiosos: la educación superior. A la espera de los ajustes legislativos, urge reconocer la diversidad, complejidad y desafíos que enfrentan estas instituciones. Solo con una asignación creciente y estructurada de recursos será posible revertir el desfinanciamiento histórico que amenaza con dejar a generaciones enteras sin acceso a una educación pública de calidad.
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