Gideon Long Business reporter Reporting fromCali, Colombia
Jesús Cometa conoce el sonido de la muerte. Fue en julio del año pasado cuando, mientras conducía por una carretera del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia, dos hombres armados en motocicleta lo interceptaron y dispararon sin previo aviso. Las balas impactaron su vehículo y alcanzaron a su escolta, que aún lleva un proyectil incrustado en el pecho. Cometa salió ileso, pero nada volvió a ser igual.
“Él sigue con una bala alojada en el pecho”, relata con amargura. “Cuando uno asume estos cargos sindicales, pierde la vida social. No puedes estar en una esquina, en un bar lleno, en ningún lugar público, porque no sabes cuándo te van a disparar. Y tu familia también lo sabe. Ellos también se vuelven blanco”.
Cometa es dirigente regional de Sintrainagro, el mayor sindicato agrícola de Colombia, y su testimonio no es aislado. En las últimas décadas, más de 3.000 sindicalistas han sido asesinados en el país, según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. La violencia contra los líderes obreros tiene raíces profundas y persistentes, y hoy, Colombia se mantiene, por diversos indicadores, como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo.
Así lo confirma la Confederación Sindical Internacional (CSI), con sede en Bruselas. Su informe más reciente, que cubre desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, revela que 22 sindicalistas fueron asesinados en el mundo durante ese periodo. Once de esos crímenes ocurrieron en Colombia. “No son muertes aleatorias. Son asesinatos selectivos. Saben exactamente a quién están matando”, asegura Luc Triangle, secretario general de la CSI.
Triangle agrega que los perpetradores no se enfocan en las cúpulas sindicales, sino en los líderes comunitarios, en trabajadores de base que promueven la organización en los campos y pueblos. “Atacan a quienes hacen sindicalismo activo en zonas rurales. Entre 2020 y 2023 registramos 45 asesinatos en Colombia. En 2022 fueron 29. Aunque el país es menos violento que en el pasado, sigue siendo peligrosísimo si se lo compara con cualquier otro lugar”.
¿Por qué ocurre esto? La respuesta es compleja y está entretejida con décadas de conflicto armado, represión política y economías ilegales. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo resume así: “El movimiento sindical siempre ha estado vinculado a la izquierda. Y durante muchos años, los gobiernos de derecha han promovido la idea de que quien es de izquierda es guerrillero, terrorista. Cuando eso se instala en la cultura política, se vuelve peligroso ser sindicalista”.
Pero la violencia no solo proviene del estigma ideológico. También está íntimamente relacionada con los intereses económicos ilegales que dominan regiones enteras del país. “Si uno revisa dónde ocurren la mayoría de los ataques, verá que son en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander y Caquetá. Todos ellos tienen en común grandes cultivos de coca y minería ilegal. Es ahí donde nos matan”, dice Arias.
La autoría de los crímenes es difícil de rastrear. En regiones donde coexisten guerrillas disidentes, bandas criminales, paramilitares y narcotraficantes, el anonimato es el principal cómplice de la impunidad. “En el Valle del Cauca hay tantos grupos armados que no sabes quién está detrás de un atentado, quién lo ordena, quién lo ejecuta”, denuncia Zenón Escobar, otro líder sindical de Sintrainagro.
El problema va más allá del sector agrícola. Jimmy Núñez, dirigente de un sindicato de vendedores informales en Cali, recuerda con precisión los atentados que ha sobrevivido: “En 2007, en una camioneta, se acercaron en moto, preguntaron por mí y dispararon. Mataron a mi compañero, hirieron a mi esposa. En 2010 me volvieron a atacar, esta vez entre Cauca y Cali. En 2012 fuimos emboscados en un centro comercial; un compañero murió. En 2013 mi familia tuvo que abandonar la región por amenazas. Aquí matan líderes sociales y sindicalistas todos los días”.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero abiertamente de izquierda en la historia moderna del país, ha reconocido esta crisis con gestos significativos. En 2023, su administración declaró oficialmente al movimiento sindical como víctima colectiva del conflicto armado. Un paso simbólico y legal que podría facilitar investigaciones judiciales y abrir las puertas a la reparación.
Luc Triangle reconoce este avance, pero insiste en que no es suficiente. Las empresas extranjeras que operan en Colombia también tienen una responsabilidad moral y corporativa. “Si yo fuera el CEO de una multinacional, cuestionaría seriamente mis operaciones en Colombia. No basta con tener un código de conducta. No puedes guardar silencio cuando están asesinando a sindicalistas. Eso no es aceptable. Las compañías globales y los inversores extranjeros tienen que dar un paso al frente”.
Desde hace más de un siglo, el sindicalismo colombiano carga con el peso de una historia marcada por la sangre. Gabriel García Márquez inmortalizó la masacre de los obreros bananeros en su novela Cien años de soledad, aludiendo a los hechos reales ocurridos en 1928, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados por exigir condiciones dignas. Un siglo después, los nombres cambian, pero el patrón persiste.
Mientras las balas sigan siendo la respuesta al derecho a organizarse, mientras los crímenes queden sin responsables, y mientras defender los derechos laborales signifique arriesgar la vida, Colombia seguirá ostentando el título más trágico de todos: el país más letal del mundo para los sindicalistas.
Por Immie Rhodes de BBC, con traducción y adaptación especial para medios de habla hispana – Additional reporting by Immie Rhodes.
