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La confrontación política en Colombia alcanzó un nuevo punto de ebullición. En el corazón del Senado, la senadora Isabel Cristina Zuleta, figura destacada del Pacto Histórico, denunció una maniobra orquestada desde la presidencia de la Cámara Alta para obstaculizar la consulta popular impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En un pronunciamiento que sacudió el panorama político nacional, la legisladora acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de manipular el calendario legislativo para impedir la participación de su bancada en una votación crucial.
Zuleta, conocida por su tono directo y su papel protagónico en el oficialismo, estalló públicamente a través de sus redes sociales luego de que la votación para definir si el Senado emitiría un concepto favorable sobre la consulta fuera fijada para este martes 14 de mayo a las 9:00 de la mañana, una hora antes de que 28 congresistas del Pacto Histórico deban comparecer ante el Consejo de Estado en una audiencia de pérdida de investidura.
«Es una jugadita calculada», sentenció la senadora, apuntando que la citación del Consejo de Estado había sido agendada con más de un mes de anticipación y que Cepeda “acomodó” la sesión plenaria para coincidir de manera estratégica. El objetivo, según Zuleta, no sería otro que impedir la votación de una iniciativa que busca salvar la reforma laboral del gobierno, estancada en el Congreso por falta de consenso. La acusación revive viejos fantasmas del llamado “juego sucio” en la política legislativa colombiana y plantea interrogantes sobre el uso del poder institucional como herramienta de obstrucción. Para Zuleta, lo que está en juego no es solo una reforma sino la legitimidad del ejercicio parlamentario: “Nos están persiguiendo por hacer leyes que no le gustan a la derecha”, declaró en el Canal del Congreso. “Y ahora quieren sacarnos del juego para que no podamos votar una consulta que nació del mandato popular”.
En paralelo, la audiencia ante el Consejo de Estado se convierte en otro frente de batalla. El alto tribunal evaluará si los 28 congresistas demandados incurrieron en una violación al régimen de inhabilidades al firmar un proyecto de ley, una acción que, paradójicamente, forma parte esencial de su labor legislativa. La audiencia, de carácter virtual, será conducida por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, aunque no se prevé que la decisión de fondo se adopte de inmediato.
Entre los congresistas bajo la lupa judicial se encuentran algunas de las voces más visibles del progresismo colombiano, como María José Pizarro, Clara López Obregón, Alirio Uribe y la propia Zuleta. La demanda, calificada como “absurda” por la senadora antioqueña, es vista en sectores del oficialismo como un intento por desarticular políticamente al bloque que apoya al presidente Petro en momentos críticos para su agenda de reformas.
El mecanismo de pérdida de investidura -conocido popularmente como “la muerte política”-es una figura severa en la legislación colombiana. No solo implica la expulsión inmediata del Congreso, sino que también inhabilita de por vida a los sancionados para ocupar cargos de elección popular. Una espada de Damocles que pende sobre un segmento clave del oficialismo y que podría redibujar el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
Mientras tanto, el Pacto Histórico se moviliza para contrarrestar lo que considera una estrategia de bloqueo. Según confirmó Zuleta, su bancada presentará una proposición para modificar el orden del día y garantizar su presencia en la sesión clave. Una movida de último minuto en una batalla que no se libra únicamente en el hemiciclo, sino también en los tribunales y en la opinión pública.
El caso deja ver, una vez más, que en Colombia la política no se define únicamente por los votos, sino también por los silencios estratégicos, los calendarios calculados y los movimientos invisibles que configuran el pulso de la democracia.
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