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Colombia ha ingresado en una nueva etapa de incertidumbre institucional y agitación política, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente un presunto fraude en el Congreso que, según sus palabras, impidió la aprobación de una Consulta Popular clave para el futuro del país. Con tono solemne y una carga simbólica que remeció a la nación entera, el mandatario comparó lo ocurrido con uno de los momentos más traumáticos de la historia electoral colombiana: el 19 de abril de 1970. “No se hundió la Consulta Popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970”, dijo, remitiendo directamente a la jornada en la que, según muchos colombianos, se robó la elección presidencial al general Gustavo Rojas Pinilla.
La denuncia presidencial no fue menor: apuntó directamente a las entrañas del Congreso y a una figura clave del conservadurismo tradicional, el senador Efraín Cepeda, a quien acusó de cerrar de forma anticipada e irregular la votación del proyecto. “Sabedor de que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación”, afirmó el presidente. Esa acción, explicó, truncó el camino institucional de una iniciativa que pretendía devolver al pueblo el poder de decidir directamente sobre temas esenciales de la agenda nacional.
Pero lo que podría haberse quedado en una disputa legislativa, tomó en cuestión de horas una dimensión mayor. Petro no solo denunció el hecho como un atropello institucional, sino que elevó el tono al calificarlo de “fraude” y al invocar la legitimidad del pueblo como única respuesta válida ante lo que considera una manipulación de la voluntad popular. “Estamos ante un fraude, y el pueblo debe decidir”, expresó. A partir de ese momento, el país cambió de registro: de la política parlamentaria a la movilización social.
Lejos de proponer una respuesta confrontativa o desbordada, el presidente delineó con precisión el tipo de movilización que promueve. Hizo un llamado urgente a las fuerzas vivas del país —centrales obreras, movimientos campesinos, juntas de acción comunal, colectivos juveniles barriales, organizaciones de mujeres y pueblos indígenas— a coordinarse y reagruparse para definir, de manera pacífica pero firme, los próximos pasos. “Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”, sostuvo, apelando a la historia de los movimientos sociales que han sostenido las grandes reformas de América Latina.
En un país con una historia marcada por el uso excesivo de la fuerza estatal en momentos de crisis, Petro fue enfático: ordenó a la fuerza pública no intervenir contra el pueblo movilizado. “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo”, dijo, subrayando que su única misión será proteger los edificios institucionales y garantizar la convivencia pacífica. En su mensaje se lee una voluntad clara de evitar que la historia de represión se repita, y de que esta etapa crítica transcurra dentro del marco constitucional y democrático. “Conservar la paz y la alegría”, agregó, en un gesto que busca blindar a la ciudadanía del miedo y del caos.
Pero Petro fue más allá. En un país donde los símbolos pesan tanto como las leyes, su mensaje dejó claro que esta no es una coyuntura más. Es, según él, un punto de quiebre. Una línea que ha sido cruzada por las élites políticas tradicionales. “Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”, sentenció, sin ambigüedades. Una frase que ya circula con fuerza en medios y redes sociales, y que muchos interpretan como el inicio de un nuevo pulso histórico.
La Consulta Popular, piedra angular del proyecto de gobierno de Petro, tenía como objetivo someter a consideración del pueblo una serie de reformas estructurales en materia de justicia social, participación ciudadana y distribución de la riqueza. Para el presidente, su hundimiento no representa una derrota política personal, sino una negación del derecho de los colombianos a decidir por sí mismos. “Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida”, aseguró.
El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato. Movimientos sociales comenzaron a convocar asambleas populares en distintas regiones del país. Universidades, sindicatos y comunidades indígenas han anunciado jornadas de reflexión y movilización. La oposición, por su parte, acusa al presidente de intentar deslegitimar al Congreso y tensionar innecesariamente las instituciones. En el medio, millones de ciudadanos miran con atención, entre la esperanza y la preocupación, lo que podría marcar un giro decisivo en la historia democrática reciente.
Desde el exterior, diversas voces comienzan a manifestar su preocupación. Organizaciones como la CIDH, el Parlamento Europeo y ONGs internacionales han solicitado garantías para que la institucionalidad colombiana respete tanto el marco legal como la expresión libre del pueblo. El conflicto político interno comienza a escalar hacia el plano internacional.
Lo ocurrido este 13 de mayo de 2025 —día del hundimiento de la Consulta— ya se inscribe en el calendario político del país como una fecha de alto voltaje histórico. No solo por el contenido del proyecto frustrado, sino por el tono y las implicaciones del pronunciamiento presidencial. El presidente Petro ha colocado el foco no en los procedimientos legislativos, sino en el alma democrática del país. Ha interpelado no solo al Congreso, sino al conjunto del pueblo colombiano. Y, quizás por primera vez en décadas, ha dejado en manos de la ciudadanía la responsabilidad de definir el rumbo inmediato.
Colombia, nuevamente, enfrenta una bifurcación histórica. Entre las instituciones y la calle. Entre el orden formal y la legitimidad popular. Entre la trampa denunciada y la decisión colectiva. Pero esta vez, con una diferencia crucial: el llamado a resistir no proviene de una insurgencia, ni de una minoría política, ni de una plaza, sino de la Presidencia misma.
Las próximas horas serán claves. Y lo que decida el pueblo, en este nuevo capítulo de su historia, marcará el rostro que tendrá la democracia colombiana en los años por venir.
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