En medio de una crisis prolongada de impunidad y congestión judicial, Colombia se aproxima a una reforma clave que podría redefinir su sistema penal. Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 281 de 2024 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la nación suramericana apuesta por una transformación profunda de su justicia, una que la acerque más a las necesidades de sus víctimas y a la realidad de un crimen organizado cada vez más sofisticado.
La iniciativa, respaldada por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, ha sido descrita como una respuesta urgente al colapso de un modelo procesal que, tras dos décadas de vigencia, ha demostrado sus límites. En cifras duras: ocho de cada diez casos penales que llegan a juicio terminan sin sentencia condenatoria, y más de 43 mil procesos han prescrito en los últimos seis años. Un panorama que no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que permite que estructuras criminales continúen operando impunemente.
“Nos enfrentamos a una criminalidad de alto impacto que requiere herramientas judiciales más ágiles y flexibles”, advirtió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, al defender la propuesta. Uno de los pilares de la reforma es el fortalecimiento del principio de oportunidad —una figura jurídica que permite a la Fiscalía suspender o renunciar a la persecución penal en determinados casos a cambio de cooperación eficaz—. La ministra subrayó que este mecanismo, lejos de significar impunidad, representa una estrategia racional de priorización, esencial para desmantelar organizaciones criminales y garantizar justicia efectiva a las víctimas.
Desde la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra fue contundente: “No podemos seguir tolerando juicios que tardan hasta 15 años para terminar en absoluciones. El sistema actual no da abasto. El Congreso debe entender que esta reforma no es una opción, es una necesidad impostergable”.
También la fiscal general, Luz Adriana Camargo, respaldó la urgencia del cambio. Señaló que el sistema penal acusatorio no fue diseñado para llevar todos los casos a juicio, y que mantener esa expectativa paraliza la justicia. “Debemos reservar los mayores esfuerzos judiciales para los procesos más relevantes y permitir la terminación anticipada de los que, con base en evidencia y colaboración, puedan cerrarse sin dilaciones innecesarias”, afirmó.
La representante Ana Paola García, ponente del proyecto, no ocultó su preocupación por la ineficiencia del sistema penal actual. Al presentar el informe de ponencia, recalcó que la magnitud de las prescripciones procesales es inaceptable en cualquier democracia moderna. “Esta ley responde a una realidad insostenible. No podemos seguir permitiendo que miles de víctimas se queden sin justicia porque el Estado no tiene cómo responder a tiempo”, dijo.
La reforma, que ahora pasará a su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara, ha logrado un respaldo transversal entre los distintos actores del sistema judicial. Y aunque su aprobación definitiva aún está en trámite, lo cierto es que Colombia ha encendido un debate crucial para su futuro: el de una justicia menos retórica y más resolutiva, más cercana a quienes sufren el crimen y menos complaciente con quienes lo organizan. Una justicia, en suma, que llegue a tiempo.
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