Andrés Calle, expresidente de la Cámara, e Iván Name, expresidente del Senado.
En una decisión sin precedentes que estremece los cimientos del Congreso colombiano, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata del senador Iván Name (Alianza Verde) y del representante Andrés Calle (Partido Liberal), expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos legisladores, hasta hace poco figuras centrales del poder político en Colombia, enfrentan una medida de aseguramiento intramural por su presunta participación en un entramado de corrupción que salpica lo más alto del Estado.
Las órdenes de detención se sustentan en las explosivas declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes ofrecieron a la Fiscalía un detallado relato de cómo se habrían entregado millonarios sobornos a los dos parlamentarios en octubre de 2023. Los pagos habrían tenido lugar tras la firma de un cuestionado contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades indígenas en La Guajira, una promesa que nunca se cumplió: los vehículos jamás llegaron, y la sed de los pueblos wayuu quedó intacta.
Sneyder Pinilla fue el primero en romper el silencio. En una de sus declaraciones más comprometedores, aseguró ante las autoridades que, siguiendo órdenes de Olmedo López, entregó personalmente $3.000 millones en efectivo al senador Iván Name, a través de Sandra Ortiz, entonces Consejera Presidencial para las Regiones. Pinilla también confesó haber llevado $1.000 millones a la residencia de Andrés Calle, ubicada en un exclusivo sector de Montería. Calle ha negado rotundamente los hechos, pero el exfuncionario presentó ante la Corte chats, tiquetes aéreos y hasta la ubicación exacta de la vivienda donde supuestamente se concretó la entrega del dinero.
La narrativa de Pinilla es meticulosa y escalofriante. Relató cómo el 13 de octubre perdió el vuelo a Montería mientras recogía las maletas repletas de dinero, y cómo tuvo que tomar el primer vuelo al día siguiente. En respaldo, entregó registros de viaje y fotografías tomadas con su celular donde se ven las maletas azules repletas de billetes. No fue el único en prender el ventilador.
Sandra Ortiz, pieza clave en este rompecabezas, confirmó los señalamientos contra Name. Según su versión, fue ella quien coordinó la entrega de los $3.000 millones a petición del entonces director de la UNGRD. Aseguró que el dinero fue recibido por el hijo del senador, Iván Leonidas Name Ramírez. Ortiz fue más allá: reveló que parte del soborno habría sido destinado a influir en la elección del actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, cuando aún se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia.
La Fiscalía ha recopilado una montaña de pruebas: testimonios, conversaciones, fotografías, itinerarios y transferencias. El caso, calificado por expertos como uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia reciente del país, involucra delitos como cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
En la fase previa a la decisión de la Corte, el magistrado instructor escuchó a testigos de peso: el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el exjefe de Inteligencia Carlos Ramón González, y la propia Sandra Ortiz, entre otros. Con base en ese material, la Sala de Instrucción dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos congresistas.
La tormenta apenas comienza. Las capturas de Iván Name y Andrés Calle podrían ser solo la primera ficha en una cadena de revelaciones que promete desatar un terremoto político en Colombia. El país observa, entre la indignación y el asombro, cómo el agua que nunca llegó a La Guajira destapó una cloaca de corrupción en los más altos niveles del poder.
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