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En una contundente intervención durante su alocución del pasado 28 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció que interpondrá una denuncia contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a la que acusa de incurrir en prevaricato al impedir la emisión de un mensaje institucional sobre la convocatoria a una consulta popular. El jefe de Estado consideró que esta decisión vulnera el derecho del gobierno a comunicarse con la ciudadanía, incluso antes de que la consulta haya sido aprobada por el Congreso.
“El gobierno tiene todo el derecho de solicitar una consulta al Senado y de promover que la ciudadanía también lo haga. Eso no lo prohíbe la ley”, afirmó Petro, al tiempo que explicó que las restricciones legales solo aplican una vez que la consulta ha sido formalmente convocada. Mientras tanto, insistió, no existe impedimento legal alguno para abrir el debate ni para alentar la participación popular.
La denuncia se produce en medio de un ambiente cargado de tensiones políticas. Petro no ahorró críticas hacia la CRC, a la que señaló de actuar de forma parcial y de censurar al Ejecutivo. “Nunca dijeron ni pío cuando la televisión nos calumnia todos los días… y ahora sí, porque el presidente quiere una consulta, entonces censuran al presidente. Eso no es democrático”, sentenció.
Esta nueva acusación se suma a las declaraciones que ya había realizado días atrás, cuando denunció que la CRC había bloqueado la emisión de piezas comunicativas del gobierno invitando a participar en la marcha del 1 de mayo en defensa de la consulta popular. Según Petro, la decisión refleja un intento sistemático de silenciar las voces que impulsan cambios en el modelo de país. “Lo de hoy es censura de los amigos de Duque, que son mayoría en la comisión de televisión”, aseveró.
En medio del conflicto institucional, el presidente reiteró su llamado a la movilización social y a una ciudadanía activa. “Convoquémonos, usando todo medio de comunicación, hasta las cadenas escritas debajo de la puerta”, expresó, en un llamado que pretende trascender las barreras mediáticas y llevar el debate a todos los rincones del país. En sus palabras, la movilización no es solo legítima, sino urgente: “Estamos defendiendo el derecho del pueblo a participar en los asuntos que le competen”.
Petro también puso sobre la mesa una acusación más grave: que detrás de la decisión de la CRC hay intereses políticos y actos de corrupción. “Tiene que ver con una corruptela… están destruyendo la Constitución del 91”, dijo, sugiriendo que hay sectores que buscan desmantelar los fundamentos democráticos sobre los que se ha construido la participación ciudadana en Colombia.
Finalmente, el mandatario alertó sobre el peligro de que estas decisiones se conviertan en un obstáculo al diálogo entre el Estado y la sociedad. “La oposición quiere silenciar al pueblo y al presidente”, advirtió. En medio de este escenario, el pulso entre el Ejecutivo y los órganos reguladores de la comunicación se intensifica, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por los límites del poder y la voz del gobierno en el debate público.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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