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En medio de la polémica por el millonario contrato del Buque Hospital que beneficiaría al departamento del Amazonas, la Procuraduría General de la Nación salió al paso de versiones que la vinculan con el proceso contractual, y dejó claro que su papel ha sido exclusivamente preventivo, sin avalar ni interferir en decisiones administrativas.
El organismo de control precisó que su intervención frente al proyecto para la construcción y operación del buque hospital destinado a la ESE Hospital San Rafael de Leticia, respondió a un ejercicio técnico, jurídico y financiero dentro de sus funciones constitucionales. Subrayó, además, que no respalda ni valida ningún acto administrativo y que actúa con objetividad, independencia y respeto por la ley.
El proceso contractual tuvo un hito clave el pasado 1 de mayo, cuando fue suscrito el contrato interadministrativo No. 827 de 2025 entre la ESE de Leticia y Cotecmar, tras una serie de mesas de trabajo convocadas por la Procuraduría con el Ministerio de Salud, la Armada Nacional y la entidad hospitalaria. Estos espacios se enfocaron en revisar los avances, compromisos y eventuales riesgos del proyecto, en el marco del Convenio Marco No. 1592 de 2023.
Sin embargo, el contexto se ha enturbiado. Desde el 8 de abril, la Procuraduría adelanta una indagación preliminar por posibles presiones indebidas a funcionarios públicos, presuntamente encaminadas a favorecer la adjudicación del contrato, cuyo valor asciende a 55 mil millones de pesos. Esta investigación disciplinaria avanza de manera paralela y no interfiere con el ejercicio de control preventivo que el ente de vigilancia mantiene sobre el caso.
Con este pronunciamiento, la Procuraduría busca marcar distancia institucional frente a cualquier intento de instrumentalización política o administrativa del proyecto, que por su impacto en la salud del Amazonas, exige absoluta transparencia.
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