

Un grupo de cinco diputados presentó un proyecto de ley “Que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en favor del desarrollo económico, social, científico y cultural del país”.
La iniciativa, impulsada por los diputados Rodrigo Gamarra, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Del Pilar Vázquez y Hugo Meza; declara de interés nacional el desarrollo e implementación de la IA como herramienta estratégica para modernizar diversos sectores del país.
“La dinámica de la globalización en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación es un hecho inminente que plantea retos y oportunidades sin precedentes”, señala la exposición de motivos del proyecto, que subraya la necesidad de regular esta tecnología para garantizar que su impacto sea positivo.
El proyecto de ley, que consta de 20 artículos, establece un marco regulatorio integral que comprende:
Regulación y supervisión: Designa al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MITIC), como autoridad de aplicación, encargado de formular políticas nacionales de IA, supervisar su implementación, y crear un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial.
Protección de derechos: Establece principios para el uso ético de la IA, con énfasis en la protección de la privacidad, la prevención de sesgos y discriminación, y la garantía de transparencia en los algoritmos.
Incentivos económicos: Propone beneficios fiscales y financiamiento preferencial para empresas y startups que desarrollen soluciones basadas en IA con impacto social positivo.
Formación y desarrollo: Plantea la creación de un Centro Nacional de Investigación en IA y el desarrollo de un Plan Nacional de Educación en la materia desde niveles básicos hasta profesionales.
Optimización de servicios públicos: Promueve la aplicación de IA en áreas como salud, educación, justicia, transporte y seguridad ciudadana para mejorar la eficiencia de la administración pública.
El proyecto aborda, específicamente, preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad. En esencia, prohíbe el uso de IA para vigilancia indiscriminada y establece la obligatoriedad de auditorías éticas para sistemas que impacten en derechos fundamentales.
Otra característica destacada del proyecto es su enfoque adaptativo. La propuesta contempla que la regulación sea flexible y se ajuste, periódicamente, en función de los avances tecnológicos y las mejores prácticas internacionales, previendo la creación de un Comité Nacional de Ética y Regulación en IA para este fin.
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