En un acto que conjuga justicia histórica, reivindicación social y resistencia institucional, el presidente Gustavo Petro encabezará este viernes en el municipio de La Gloria, en el sur del Cesar, la entrega de 1.919 hectáreas de tierra a campesinos víctimas del conflicto armado. La jornada representa mucho más que una adjudicación de tierras: es la consolidación de un esfuerzo por reparar décadas de despojo violento y, a la vez, una victoria del Estado frente a las amenazas persistentes del narcotráfico y sus tentáculos sobre la tierra rural en Colombia.
Las tierras que serán entregadas no son cualquier predio. Se trata de la finca La Gloria, un bien que estuvo en riesgo de regresar a manos de la familia de Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, un narcotraficante colombiano solicitado en extradición por Estados Unidos en 2011 y condenado en 2014 a 15 años de prisión por tráfico internacional de cocaína. En febrero de este año, la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio ordenó levantar la medida cautelar que pesaba sobre este predio, abriendo la posibilidad de que fuera restituido a sus antiguos propietarios, pese a los antecedentes judiciales que los vinculan con el crimen organizado.
Esa decisión encendió las alarmas en distintas entidades del Gobierno. Lejos de quedarse inmóviles ante lo que muchos veían como una burla a las víctimas del conflicto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) actuaron con celeridad y determinación. En una carrera contra el tiempo, diseñaron una estrategia legal y administrativa que permitió inscribir el terreno a nombre del Estado, asegurando así su adjudicación definitiva a comunidades campesinas organizadas y evitando una eventual reversión que habría significado un revés devastador para la Reforma Agraria.
Lo que se celebra hoy, entonces, no es solamente una entrega de escrituras: es una victoria jurídica, ética y política frente a la impunidad. Es también un mensaje de coherencia institucional en un país donde la tierra ha sido causa y botín de guerra, motor de desigualdad y escenario de conflictos sangrientos que aún no terminan de cerrarse del todo.
En el sur del Cesar, donde por décadas se impusieron el miedo y el abandono estatal, esta adjudicación representa una bocanada de dignidad para cientos de familias rurales que han resistido el desarraigo y la exclusión. Más de 2.500 campesinos participarán en la jornada, no solo para recibir un título de propiedad, sino para celebrar un acto que para muchos representa el inicio de una nueva vida. En sus manos, la tierra no es mercancía: es alimento, historia, hogar y futuro.
«Hoy la tierra vuelve a quien la trabaja», ha dicho el presidente Petro en repetidas ocasiones. Y esa frase cobra cuerpo en esta jornada, que se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos de la Reforma Agraria que promueve su gobierno. La iniciativa busca romper con el histórico acaparamiento de tierras en Colombia, donde una minoría concentra extensiones improductivas mientras millones de campesinos carecen de un pedazo de terreno para subsistir.
El evento contará con la presencia de figuras clave en esta cruzada agraria: la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz; la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra; y otros funcionarios del Gobierno nacional. Pero el verdadero protagonismo lo tendrán los campesinos, quienes aprovecharán la ocasión para leer un manifiesto político en respaldo a la Consulta Popular impulsada por el presidente, como muestra de apoyo a las transformaciones que el llamado “Gobierno del Cambio” intenta consolidar.
En un país donde durante décadas el narcotráfico se apoderó de fincas, sabanas y selvas para sembrar coca y violencia, el hecho de que una finca en disputa con antecedentes oscuros se convierta ahora en territorio de paz, trabajo y comunidad, es un giro que vale la pena contar. Porque allí donde antes se impusieron la ilegalidad y el despojo, hoy florece una promesa: la de que es posible construir otra Colombia desde abajo, con justicia social y propiedad legítima.
Este viernes en La Gloria, el sur del Cesar escribirá una página distinta. Una donde la tierra, por fin, se entrega con nombre propio a quienes la han defendido con la vida. Una donde el Estado, en vez de retroceder, avanza con decisión para reparar, proteger y sembrar futuro.
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