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En Colombia, la desinformación no solo tergiversa la verdad: también siembra prejuicios y estigmas con graves consecuencias sociales. Un reciente ejemplo se dio con la captura de cuatro ciudadanas ecuatorianas en Popayán, detenidas con municiones de guerra ocultas en cajas de dulces, hecho que ha sido manipulado en redes sociales para hacer creer que se trataba de indígenas vinculados a la marcha del próximo primero de mayo en Bogotá. Nada más lejos de la verdad.
La operación fue llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Popayán en la terminal terrestre de la ciudad, a más de 330 kilómetros del puente internacional de Rumichaca. Durante una inspección de rutina a un bus de servicio público que se dirigía desde Pasto hacia Medellín, los uniformados hallaron un total de 4.070 proyectiles calibre 5.56, comúnmente usados en fusiles de asalto. Las municiones estaban camufladas entre cajas de mini gelatinas y otros productos comestibles.
Las mujeres, oriundas de Otavalo, fueron capturadas en flagrancia. Se presume que abordaron el vehículo en Remolinos, un corregimiento de Nariño, donde habrían recibido el cargamento con el propósito de entregarlo a una organización armada ilegal en territorio colombiano. Aunque aún no se confirma el destino final de las balas, las autoridades sospechan que podrían estar dirigidas a grupos armados ilegales del Valle de Aburrá o al Clan del Golfo. Freddy Zambrano, comandante de la Policía de Popayán, señaló que la procedencia de las municiones sería ecuatoriana. Añadió que se han intensificado los controles y operativos móviles para evitar que este tipo de materiales llegue a manos de estructuras criminales que atentan contra la seguridad nacional. Las municiones estaban distribuidas en seis maletas y una caja de cartón, parte de la cual contenía dulces, lo que revela el grado de sofisticación en el camuflaje del cargamento.
Las cuatro mujeres fueron puestas a disposición de la justicia colombiana y enfrentan cargos por tráfico de municiones, un delito que, según el artículo 365 del Código Penal, puede conllevar penas de entre 9 y 12 años de prisión.
Más allá del caso judicial, preocupa profundamente el uso malintencionado de esta noticia para alimentar narrativas falsas en redes sociales. Algunas publicaciones han vinculado erróneamente a las detenidas con comunidades indígenas que participarán en la movilización social del 1° de mayo, sembrando sospecha y criminalizando injustamente a quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta.
La verdad, como siempre, es la primera víctima de la desinformación. Y en un país como Colombia, donde la violencia y la exclusión han golpeado históricamente a los pueblos indígenas, utilizar un hecho policial para fomentar la estigmatización de sus luchas es una forma más de agresión. Combatir este tipo de manipulaciones no es solo una tarea del periodismo: es una responsabilidad ética de toda la sociedad.
carloscastaneda@prensamercosur.org
