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En Colombia, más de seis millones de personas encuentran su sustento en lo que se ha denominado «economía popular», ese vasto universo de oficios, micronegocios, ventas informales y labores comunitarias que, lejos de ser marginales, constituyen un motor vital de la vida económica y social del país. Sin embargo, la informalidad que caracteriza a este sector sigue siendo una barrera enorme para el acceso a derechos laborales fundamentales.
Durante su intervención en la Mesa Intersectorial de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria —convocada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias— el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue claro: “La economía popular y comunitaria es una apuesta política del Presidente de la República”. No es una consigna vacía. Es un reconocimiento estatal a los millones de colombianos que sostienen el país desde la informalidad, con esfuerzo, pero sin garantías.
Según datos del DANE, en 2023 existían en Colombia 5.2 millones de micronegocios vinculados a la economía popular. De ellos, 3.7 millones están ubicados en zonas urbanas, mientras que 1.5 millones —el 29.5%— resisten desde el ámbito rural. Este tejido productivo generó alrededor de 6.7 millones de empleos. Aun así, solo 544 mil de estas unidades están formalmente registradas ante la Cámara de Comercio: una alarmante informalidad del 89.5%.
Para Sanguino, este diagnóstico no es un punto final, sino el comienzo de una tarea urgente. “Sabemos que la formalización implica costos que hoy la economía popular no puede asumir. Por eso, desde el Ministerio del Trabajo y con el respaldo del Gobierno Nacional, avanzamos en una política pública y en un plan decenal que ofrecerá incentivos, acompañamiento técnico, opciones de crédito y alivios tributarios. No se trata de imponer, sino de incluir”.
El objetivo es claro: dignificar el trabajo de quienes por décadas han quedado por fuera del sistema, garantizar derechos laborales y generar condiciones para que los trabajadores de la economía popular accedan a un empleo justo, seguro y con futuro.
En esta línea, el Gobierno también impulsa una ‘consulta popular’, que será radicada el próximo 1 de mayo, y que busca movilizar al país en torno a los derechos de los trabajadores. “Necesitamos que la ciudadanía se sume, que llenemos las calles para exigir lo que es justo”, enfatizó el Ministro.
Otra herramienta clave es la Ley 2381 de 2024, actualmente en fase de implementación, que crea un sistema de protección social con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Esta ley —afirmó Sanguino— también beneficiará directamente a quienes trabajan desde la economía popular, social y comunitaria.
Por su parte, Mauricio Rodríguez, director de la Unidad de Organizaciones Solidarias, celebró que el Plan Nacional de Desarrollo haya incorporado por primera vez una estrategia clara para esta economía. “Este año tenemos una meta: construir el plan decenal de la economía social, solidaria, popular y comunitaria. Lo que hacemos aquí es tejer futuro: con producción, turismo, educación, comunicación y solidaridad desde los territorios”, afirmó.
La economía popular, definida por Planeación Nacional y el DANE, abarca actividades mercantiles y no mercantiles realizadas por unidades económicas pequeñas, familiares o personales. Desde quienes venden en las esquinas hasta quienes lideran redes comunitarias de producción, todos merecen lo mismo: ser vistos, respetados y protegidos por un país que solo podrá avanzar si reconoce el valor real del trabajo en todas sus formas.
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