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En un firme pronunciamiento durante el último consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitar de manera inmediata a las autoridades judiciales de Estados Unidos todas las pruebas relacionadas con el caso Odebrecht que comprometen a contratistas y exfuncionarios colombianos. El mandatario exigió que estos documentos, muchos de ellos provenientes de confesiones hechas ante la justicia norteamericana, sean traídos al país para avanzar en la judicialización de los responsables y evitar que uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina quede sepultado en el olvido.
“La ANI es víctima de Odebrecht, pero se ha abstenido de traer las pruebas porque se volvió cómplice del encubrimiento”, sentenció Petro. “La orden que yo doy es que la ANI traiga todas las pruebas sobre las confesiones hechas en Estados Unidos, que se deben judicializar en Colombia y no se han judicializado”, insistió el presidente, visiblemente indignado por lo que considera una cadena de omisiones deliberadas que han favorecido la impunidad.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue la encargada de recibir esta instrucción directa del jefe de Estado, y se comprometió públicamente a encabezar la gestión ante la justicia estadounidense. Rojas también asumirá la tarea de presentar ante las autoridades judiciales nacionales las declaraciones recabadas en torno a exfuncionarios involucrados, con el fin de esclarecer el destino de los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña. Petro no escatimó en advertencias. Según él, varios miembros de la ANI podrían enfrentar responsabilidades penales por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión. “¿Qué es lo que quieren ocultar? La corrupción del régimen”, exclamó. “Se han descubierto hechos terribles de corrupción de la clase política y de algunos empresarios que se han robado el dinero del pueblo a manos llenas. No son actos de miles de millones de pesos, sino de billones”.
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Colombia, recordó el presidente, fue uno de los países más golpeados por la red de corrupción de Odebrecht, que operó en al menos 11 naciones de América Latina y África. Sin embargo, también reconoció que ha sido uno de los países con menor avance en la judicialización de los implicados. En junio de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado más de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia entre 2009 y 2016 para asegurarse contratos de infraestructura. A pesar de ello, los avances en materia judicial han sido lentos y dispersos.
Según la Fiscalía colombiana, la multinacional brasileña habría entregado más de 80.000 millones de pesos en coimas en el país. En septiembre de 2023, once funcionarios de la ANI fueron imputados por presuntas irregularidades en procesos de contratación, y hasta la fecha se han logrado 74 imputaciones y once sentencias condenatorias.
La ministra Rojas reiteró su compromiso de garantizar total transparencia al interior de la ANI y aseguró que supervisará de manera rigurosa los contratos, procesos y ejecuciones futuras. Para el presidente Petro, sin embargo, la prioridad inmediata es romper el muro de encubrimiento que ha protegido a muchos de los implicados. “Es necesario poner la lupa sobre hechos de corrupción”, concluyó. “El país tiene derecho a saber y la justicia, la obligación de actuar”.
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