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La lupa de la Procuraduría General de la Nación ha caído sobre un contrato superior a los 37 mil millones de pesos, firmado por la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, Enterritorio, para la prestación de servicios tecnológicos. El organismo de control abrió una investigación disciplinaria contra Fabián Darío Romero Moreno, quien para la época de los hechos se desempeñaba como subgerente de operaciones, ante la sospecha de anomalías en la adjudicación del millonario acuerdo.
La contratación tenía como objeto la administración, operación, mantenimiento y gestión de la plataforma tecnológica de la entidad. Sin embargo, el proceso de selección ha sido puesto en entredicho debido a presuntas fallas en la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes.
Uno de los consorcios participantes habría cumplido con los requisitos que le otorgaban puntaje adicional por incluir emprendimientos liderados por mujeres y por la vinculación de personal con discapacidad, según los términos establecidos por Enterritorio. Pese a ello, el puntaje correspondiente no le fue asignado, lo cual, de haberse hecho correctamente, pudo haber cambiado el resultado final de la adjudicación.
Aun cuando el consorcio afectado presentó observaciones señalando las inconsistencias en las evaluaciones, Enterritorio, al parecer, desestimó los reclamos sin ofrecer mayor justificación. Esa omisión, ahora bajo la lupa del ente disciplinario, plantea serios interrogantes sobre la transparencia del proceso.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha ordenado la recolección de pruebas documentales para establecer si la actuación de Romero Moreno constituye falta disciplinaria, o si su proceder puede estar amparado en una causal de exclusión de responsabilidad. El caso abre una nueva alerta sobre los mecanismos de contratación en entidades públicas y la necesidad de garantizar procesos justos y transparentes en el uso de recursos públicos.
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