

Imagen @PGN_COL
El asesinato del taita Manuel Betancourt en Nariño, a manos de sicarios, sacudió a las comunidades indígenas del suroccidente colombiano y despertó una profunda preocupación en las autoridades nacionales. La Procuraduría General de la Nación condenó enérgicamente este crimen y exhortó al Gobierno a responder con hechos concretos ante los compromisos adquiridos con los pueblos originarios.
El crimen, perpetrado en un contexto de creciente vulnerabilidad para los líderes sociales e indígenas, vuelve a poner en evidencia los incumplimientos del Estado con quienes han luchado históricamente por la defensa de su territorio y sus derechos. La figura del taita Betancourt no era solo la de un guía espiritual, sino también la de un vocero valiente frente a las deudas sociales y estructurales que siguen golpeando a su gente.
“La vida de los líderes sociales no puede seguir siendo un asunto secundario. Exigimos garantías reales y urgentes para su protección”, señaló el órgano de control en un comunicado oficial. La Procuraduría hizo énfasis en que este asesinato no puede quedar en la impunidad y pidió al Gobierno Nacional atender de inmediato los requerimientos planteados por las comunidades indígenas durante su reciente visita a Bogotá, donde se firmaron compromisos que, hoy, parecen letra muerta.
Mientras tanto, desde el Cauca, la Procuraduría Regional se encuentra presente en el Puesto de Mando Unificado (PMU), acompañando las acciones institucionales ante el riesgo de bloqueos sobre la vía Panamericana, una de las principales arterias del país, justo en plena Semana Santa.
La entidad subrayó la necesidad de mantener canales abiertos de diálogo con las autoridades indígenas, en un esfuerzo por evitar una nueva escalada de tensiones. “La vía Panamericana no puede ser una trinchera del abandono estatal. El respeto al derecho a la movilización debe ir de la mano con el respeto a la dignidad de las comunidades que viven a su alrededor”, enfatizó el ente de control.
La Procuraduría reiteró su llamado a instalar una mesa de diálogo efectiva y sin dilaciones, para que el Estado escuche, comprenda y actúe con la seriedad que exige este momento. El clamor de los pueblos indígenas no puede seguir resonando en el vacío institucional.
El asesinato del taita Manuel Betancourt no solo enluta a su comunidad: interpela al país entero.
