El régimen de Maduro intensifica la persecución contra sindicalistas venezolanos: “Es el precio por defender la democracia”
La noche de este sábado se registró un nuevo caso de hostigamiento cuando agentes de seguridad se apostaron frente a la vivienda del dirigente sindical José Paulino Patines. “Tuve que salir corriendo de mi casa”, comentó a Infobae
La noche del sábado 5 de abril, el dirigente sindical José Paulino Patines Guanique, integrante de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, fue acosado por funcionarios del régimen venezolano, quienes se apostaron al frente de su vivienda, para intimidarlo y acosarlo. La persecución contra sindicalistas de esa organización se ha intensificado en el último mes, como ha quedado registrado en diversos videos.
“Me tocó a mí. Tuve que salir corriendo de mi casa”, le dice a Infobae, José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, organismo que lo destituyó de manera irregular, aunque gozaba del fuero sindical.
Está consciente que “es el precio por defender la democracia y los derechos sindicales”, siendo parte de la Coalición Sindical que se mantiene alzando la voz en medio de la brutal persecución, que tiene a numerosos dirigentes políticos, sociales y sindicales en la cárcel.
Señala al régimen de Nicolás Maduro como “un gobierno que ha irrespetado y ha dejado a los trabajadores en la calle”, aunado a que ni hay respeto por los derechos laborales, porque no están amparados por contrataciones colectivas.
José Paulino Patines Guanique es parte de los dirigentes y luchadores sindicales y sociales que son acosados por los cuerpos policiales. Antes, el 24 de marzo, el coordinador nacional de la Coalición Sindical, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, sufrió la misma coacción en su vivienda. Igualmente, durante el jueves y viernes 22 y 23 de marzo, sufrió asedio frente a su vivienda, la luchadora social Leída Rosa Brito de Lobo, conocida como la “Abuela del casco rojo” y también integrante de la Coalición Sindical.
No cumple
Los funcionarios policiales y de inteligencia del régimen venezolano no cesan en la presión contra los líderes de la Coalición Sindical, aún cuando gozan de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde hace dos años, el 1 de abril de 2023. Los protegidos en esa medida No. 66-23, son Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla. Las medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los dirigentes sindicales fueron solicitadas el 25 de enero de 2023 por Defiende Venezuela en la persona de Carlos Salazar y los otros dirigentes de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT).
La solicitud se hizo a propósito de la situación de los mencionados dirigentes quienes “se encuentran en una situación de riesgo a raíz de amenazas, hostigamientos y acciones de vigilancia por parte de agentes estatales”, dijeron en el 2023, pero que está vigente con mayor énfasis en el 2025. El régimen hace caso omiso a la decisión de la CIDH en lo que a la protección de los siete dirigentes de la Coalición Sindical se refiere. Ejecuta acciones de coacción contra los dirigentes frente a sus hogares con acciones intimidatorias como las que se observan en los videos, en diferentes fechas y horas contra las viviendas de varios de los dirigentes.
Amenazas y hostigamientos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2017, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, “identificó un contexto de estigmatización y criminalización a quienes convocan y participan en manifestaciones públicas. Aunado a actos de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos”. Posterior a ese informe, la situación se agrava llegándose hoy a más de 12 periodistas o trabajadores de la prensa detenidos, más de mil presos políticos postelectorales, sindicalistas y dirigente sociales.
Dos años después, en el 2019, la CIDH destaca el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Venezuela: “Se instauró un ambiente de hostilidad, injerencia y exclusión del diálogo social a organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno”.
Se asevera que “en Venezuela ocurren de forma recurrente hostigamientos, actos de acoso, encarcelamientos, asesinatos y agresiones contra organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno y dirigentes sindicales”.
Ya para el 2021, en su informe anual, la CIDH expresa que “hasta julio de 2021, al menos 11 líderes sindicales habrían sido detenidos”, señalando además las denuncias recibidas por la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Entre esas denuncias destacan que en Venezuela “no habría garantías para ejercer los derechos sindicales, con la intromisión indebida en las organizaciones sindicales y un patrón de persecución hacia dirigentes sindicales y gremiales”.
En marzo 2023 la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reflejan que en Venezuela “existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”.
La Coalición
Entre los elementos analizados por la CIDH para las medidas de protección a favor de los siete líderes de la CSNT, Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla, está su activismo en defensa del trabajo.
“La Comisión entiende que las personas propuestas beneficiarias estuvieron involucradas y han liderado movilizaciones buscando mejores condiciones de trabajo y la derogación del instructivo ONAPRE hasta la fecha”.
Relataron hechos ocurridos entre 2022 y 2023. La CIDH considera que contra los siete dirigentes ha habido “cuestionamientos directos de agentes del SEBIN a su labor sindical mientras los propuestos beneficiarios se desplazan”.
Aunado a ello “amenazas de parte de cuerpos de seguridad del Estado; amenazas y hostigamientos de agentes de la PNB durante detenciones; persecución de funcionarios de la PNB mientras propuestos beneficiarios se encontraban en las vías públicas o en vehículos de transporte”.
Igualmente “las persecuciones incluirían seguimiento de vehículo y motorizados sin placas” contra los siete dirigentes sindicales que en algunos casos “fueron apuntados con armas de fuego tras persecuciones de funcionarios de la PNB con el objetivo que detengan su vehículo”.
Han sido seguidos “hasta lugares de concentración para protestar”, sumado a que “funcionarios del SEBIN y de la PNB presuntamente pincharon llantas de camioneta en la cual se trasladaban”. Hay seguimiento de funcionarios del SEBIN en actividades diarias, como en el colegio de la hija de uno de los propuestos beneficiarios.
“Intimidaciones a personas cercanas”, “seguimiento de vehículos no identificados frente a residencias donde se toman fotografías de propuestos beneficiarios y familiares”.
CIDH ante Venezuela
Fueron tantas y tan contundentes las evidencias que la CIDH consideró que el caso “reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento”.
Fue por ello que le solicitaron a Venezuela, medidas “para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Josiel Toledo, Carlos Salazar, Elsa Castillo, José Patines, Leída Brito, Petra Monasterios y Rafael Arreaza. A la vez que “adopte las medidas de protección para que puedan continuar realizando sus actividades de liderazgo sindical sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia”.
Los instó a que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así́ evitar su repetición”.
Eso es parte de lo aprobado el 1 de abril 2023, por Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH; Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Roberta Clarke, Segunda Vicepresidenta; Julissa Mantilla Falcón; Edgar Stuardo Ralón Orellana y Carlos Bernal Pulido, integrantes de la CIDH. Como Secretario Ejecutivo Adjunto, Jorge Meza Flores.
infobae.com
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