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La Superintendencia Nacional de Salud anunció la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, al considerar que persisten las irregularidades que dieron origen a la medida tomada el 3 de abril de 2024 mediante la Resolución 2024160000003012-6.
Según el ente de control, la EPS sigue incumpliendo normativas esenciales, lo que compromete tanto su estabilidad financiera como la calidad en la prestación de los servicios a sus afiliados. Estas deficiencias se enmarcan dentro de las causales de intervención establecidas en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993, el cual faculta a la Supersalud para intervenir entidades cuando se detectan riesgos que afecten la viabilidad del aseguramiento en salud.
Uno de los factores más alarmantes que motivó la decisión es la falta de reporte de los estados financieros por parte de la Nueva EPS. Pese a los reiterados requerimientos de la Superintendencia, la entidad no ha entregado información actualizada sobre su situación contable, lo que impide evaluar con precisión su estado real y dificulta la toma de decisiones en favor de los afiliados.
Desde la intervención en 2024, la Nueva EPS ha estado bajo estricta supervisión debido a múltiples fallas en su operación. Usuarios han denunciado demoras en la asignación de citas médicas, falta de medicamentos esenciales y problemas en la red de atención, lo que ha generado preocupación entre pacientes y entidades del sector. Además, el incumplimiento en el reporte financiero no solo es una irregularidad administrativa, sino que plantea dudas sobre la sostenibilidad económica de la entidad. La Supersalud ha reiterado el llamado a la EPS para que entregue la información correspondiente y cumpla con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Como parte de los compromisos adquiridos en el marco de la medida, se espera que el interventor designado publique en abril los estados financieros de la vigencia 2023, un paso crucial para determinar el rumbo de la EPS en los próximos meses. La prórroga de la intervención busca garantizar la protección de los más de siete millones de afiliados que dependen de la Nueva EPS para su acceso a los servicios de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud ha dejado claro que mantendrá la vigilancia sobre la entidad y tomará las decisiones necesarias para corregir las fallas detectadas. Mientras tanto, el sector salud sigue atento al desarrollo de esta intervención, en un momento en el que la estabilidad del sistema de aseguramiento en salud enfrenta múltiples desafíos.
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