Universidad Militar Nueva Granda
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que acredite a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima colectiva del atentado perpetrado por la extinta guerrilla de las Farc. Esta petición surge tras la decisión previa de la Sala de Reconocimiento de la JEP de negar dicha acreditación, argumentando que el ataque de 2006 solo afectó bienes materiales y no generó un daño significativo a la institución en su conjunto.
El ataque, ocurrido el 19 de octubre de 2006 en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, consistió en la detonación de un carro bomba que dejó un saldo de 30 heridos. La Procuraduría ha criticado la decisión de la JEP al considerar que esta se basó en una interpretación errónea del concepto de delito amnistiable, sin haber evaluado debidamente su aplicabilidad en este caso. Asimismo, ha señalado que la Sala de Reconocimiento omitió un análisis riguroso de las pruebas presentadas por la Universidad Militar, lo que compromete la transparencia y el rigor de la determinación judicial.
Según el ente de control, las consecuencias del atentado trascendieron lo material, afectando gravemente el funcionamiento de la institución. Señala que el ataque generó la suspensión de actividades académicas, instauró un clima de temor en la comunidad universitaria y perjudicó la infraestructura educativa, lo que constituye una afectación estructural y colectiva. «Más allá del daño individual sufrido por sus miembros, estas comunidades han experimentado transformaciones que impactaron su identidad, funcionamiento y rol en la sociedad», argumentó la Procuraduría.
En su solicitud, la Procuraduría resaltó que el reconocimiento de la Universidad Militar como víctima colectiva no solo es un acto de justicia, sino también una medida necesaria para reparar el daño causado y garantizar que este tipo de hechos no queden en la impunidad. La entidad enfatizó que, si bien los atentados terroristas afectan directamente a personas, también generan impactos profundos en las instituciones que desempeñan un papel clave en la sociedad.
La Universidad Militar Nueva Granada, como centro de formación académica y militar, ha sido históricamente un referente en la preparación de profesionales en seguridad y defensa. El atentado de 2006 no solo alteró su normal funcionamiento, sino que también buscó minar su papel dentro del sistema educativo y de formación castrense del país. En este contexto, la Procuraduría sostiene que su reconocimiento como víctima es un paso esencial en el proceso de justicia transicional.
El documento fue remitido a la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso, con la solicitud expresa de revocar la resolución que negó la acreditación y reconocer a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima colectiva. La Procuraduría enfatizó que este reconocimiento es fundamental para garantizar la centralidad de las víctimas en el proceso de justicia transicional y para contribuir a la reconstrucción del tejido social, la preservación de la memoria histórica y la consolidación de una paz sostenible en Colombia.
Finalmente, la Procuraduría advirtió que la decisión de la JEP de negar la acreditación podría sentar un precedente negativo en la reparación a otras instituciones afectadas por la violencia del conflicto armado. «Es imprescindible que se realice una valoración justa y exhaustiva de las pruebas para garantizar que las víctimas colectivas sean debidamente reconocidas y puedan acceder a los mecanismos de reparación y participación establecidos en el marco de la justicia transicional», concluyó la entidad.
carloscastaneda@prensamercosur.org
