Imagen Natalia Urrego – Prensa Concejal José Cuesta Novoa
Bogotá está en crisis. Hace un año, el alcalde Carlos Fernando Galán decretó el racionamiento de agua, una medida que se anunció como temporal pero que hoy sigue afectando a miles de ciudadanos. La falta de una solución efectiva ha convertido el desabastecimiento en una problemática estructural que golpea a la capital y ha encendido las alarmas sobre la gestión del recurso hídrico en la región. La crisis climática, la expansión urbana descontrolada y la falta de inversión en infraestructura son solo algunos de los factores que han agravado la situación.
En respuesta al prolongado racionamiento, el concejal José Cuesta Novoa ha convocado a un gran cacerolazo el próximo 11 de abril a las 11:00 a. m. en la Plaza de Bolívar. Esta protesta busca visibilizar el malestar ciudadano ante la incapacidad de la administración distrital para garantizar el acceso al agua potable, un derecho fundamental que sigue sin respuesta clara. Según Cuesta, este evento es una oportunidad para que los ciudadanos exijan soluciones inmediatas y sostenibles que pongan fin a esta crisis prolongada.
Más allá de la protesta, Cuesta lidera la iniciativa #LaConstituyentePorElAguaYa, un movimiento que busca abrir un espacio de participación ciudadana para redefinir los lineamientos ambientales en la sabana de Bogotá y exigir soluciones concretas. Esta iniciativa pretende generar un debate amplio sobre la gestión del agua en la capital y en la región, promoviendo una reforma estructural que garantice el suministro para las futuras generaciones.
Diversos sectores han expresado su preocupación por la falta de una estrategia integral que permita mitigar los efectos del racionamiento. Expertos en medioambiente han advertido que la situación podría empeorar si no se toman medidas urgentes para optimizar el uso del agua, mejorar la infraestructura de almacenamiento y garantizar la protección de los ecosistemas que abastecen los embalses de la ciudad.
Por su parte, la administración distrital ha defendido sus decisiones, argumentando que el racionamiento ha sido una medida necesaria para evitar un colapso mayor en el suministro. No obstante, la falta de una comunicación clara y de un plan de acción a largo plazo ha generado desconfianza en la ciudadanía, que exige transparencia y soluciones concretas.
La crisis hídrica de Bogotá no puede seguir siendo ignorada. La ciudadanía está en pie de lucha, exigiendo respuestas, compromisos y acciones inmediatas para garantizar un abastecimiento digno y sostenible. El cacerolazo del 11 de abril será una demostración de que Bogotá no está dispuesta a callar ante la inacción gubernamental. Con o sin respuestas, el clamor por el agua seguirá resonando en las calles de la capital.
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