Imagen Natalia Urrego Oficina Prensa
En el marco del debate sobre el Estatuto de la Oposición, el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, encendió las alarmas sobre la corrupción persistente en las 20 localidades de la ciudad. De acuerdo con el cabildante, factores estructurales como la impunidad, la ausencia de sanciones, la influencia de intereses privados y el financiamiento opaco de campañas han convertido la corrupción en un problema sistémico dentro de la administración distrital.
Cuesta Novoa advirtió que la falta de alineación de las alcaldías locales con los objetivos del Plan de Desarrollo ha derivado en proyectos desconectados de las verdaderas necesidades de la comunidad, afectando su impacto y sostenibilidad. Asimismo, denunció que la ineficiencia en el uso de los recursos públicos está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. Aseguró que este fenómeno ha llevado a un estado de crisis administrativa en varias localidades, donde las decisiones se ven influenciadas por intereses privados más que por el bienestar colectivo.
Reforma al Decreto 1421: la clave para frenar el clientelismo
Uno de los puntos neurálgicos de su intervención fue la necesidad de modificar el Decreto 1421, en particular su artículo 84, que regula la designación de alcaldes locales. Si bien reconoció la reciente modificación establecida en el Decreto 2116, que exige que al menos el 50% de los alcaldes locales sean mujeres, Cuesta Novoa afirmó que el artículo 84 sigue siendo un motor del clientelismo y, por ende, de la corrupción.
«Desde hace más de una década he propuesto una reforma estructural para erradicar este mecanismo que perpetúa la corrupción. La elección de alcaldes locales debe ser replanteada para garantizar transparencia y una participación real de la ciudadanía», sostuvo Cuesta Novoa, quien además propuso la convocatoria de un proceso constituyente que permita la participación activa de la ciudadanía en la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá.
El concejal explicó que la elección de alcaldes locales no solo debe ser revisada, sino también sometida a un proceso de auditoría independiente que garantice la idoneidad de los seleccionados. Destacó la importancia de implementar medidas de transparencia, como la rendición de cuentas obligatoria y auditorías públicas periódicas, para evitar que las alcaldías locales se conviertan en botines políticos.
Ejecución de fondos en 2024: ¿transparencia o riesgo de corrupción?
El concejal alertó sobre la manera en que se están ejecutando los fondos de desarrollo local en 2024, denunciando el uso de contratos fragmentados, conocidos como «chichigua», los cuales facilitan la corrupción y dificultan la fiscalización efectiva de los recursos.
«Los Proyectos de Gran Impacto (PGI) permiten un mejor control ciudadano, pero la proliferación de pequeñas partidas allana el camino para la desviación de fondos. Además, se han identificado carteles de corrupción en algunas fundaciones que contratan con el Distrito, como FUNDESCO, Al Desarrollo y Camino Verde», alertó.
El cabildante también denunció la proliferación de contratos en formación y capacitación que, según él, han derivado en un fenómeno de «formatitis», donde muchos de estos procesos carecen de un impacto real en la comunidad. Agregó que en muchos casos se asignan recursos millonarios a programas educativos y de capacitación sin ningún tipo de verificación sobre su efectividad, generando una pérdida significativa de recursos.
Fundaciones bajo la lupa: presuntas irregularidades en contrataciones
Cuesta Novoa señaló que varias fundaciones han sido vinculadas a presuntos hechos de corrupción en la ejecución de contratos con las alcaldías locales:
- Fundación Camino Verde: comprometida en presuntos actos de corrupción en las alcaldías de Santa Fe y Kennedy, con contratos por hasta $900 millones.
- FUNDESCO: señalada por presuntas irregularidades en localidades como San Cristóbal, Sumapaz, Usme, Mártires, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Santa Fe y Rafael Uribe, con contratos por $3.663 millones.
- Al Desarrollo: relacionada con presuntas anomalías en contratos en Rafael Uribe, Fontibón, Usme, Mártires, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Puente Aranda y Sumapaz.
Diciembre en Bogotá: contratación masiva de última hora
Cuesta Novoa alertó sobre el incremento desmedido de contratación en diciembre. Según datos de SECOP II, entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024 se firmaron contratos por un total de $494.222.559.245.
«Es inaceptable que, faltando cinco minutos para la medianoche del 31 de diciembre, se firmen contratos de último momento. Para evitar esta práctica, es urgente establecer una directiva clara que fije como límite el 15 de diciembre para la contratación en 2025», enfatizó.
Finalmente, el concejal reveló que en los contratos FDLK-LP-007-2024, FDLK-LP-005-2024 y FDLK-LP-012-2024, adjudicados por la Alcaldía Local de Kennedy en diciembre por un monto cercano a los $10.000 millones, no se realizó un «Estudio Previo» transparente. Según sus denuncias, se empleó un mismo estudio de mercado para tres contratos con objetos distintos, lo que vulnera el derecho de publicidad establecido en el Decreto 1082 de 2015.
«Esto constituye un presunto delito de falsedad material en documento público, según el artículo 287 del Código Penal (Ley 599 de 2000)», concluyó Cuesta Novoa, subrayando la urgencia de medidas drásticas para erradicar la corrupción en la capital del país.
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