Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación
En un firme pronunciamiento sobre la lucha contra la corrupción, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, reafirmó que la prevención debe ser el pilar fundamental en la contratación estatal y en la administración de los recursos provenientes de regalías. «El castigo a menudo es una consecuencia de actuar a destiempo», advirtió, destacando la importancia de anticiparse a las irregularidades en lugar de reaccionar una vez consumadas.
Durante la capacitación “Enfoque preventivo en contratación estatal y regalías: transparencia, control y protección del patrimonio público», organizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), Eljach subrayó que el verdadero éxito en la lucha contra este flagelo no radica en el número de sanciones impuestas, sino en la capacidad de evitar que las irregularidades ocurran. «No es sensato que los organismos de control se distingan sólo por el número de funcionarios sancionados; es fundamental transformar la cultura institucional y capacitar a tiempo para evitar irregularidades», enfatizó.
El Procurador defendió la prevención como una «vacuna» contra la falta disciplinaria y recalcó la necesidad de fortalecer la vigilancia oportuna. «El castigo, en muchos casos, no es eficaz», aseguró. En este sentido, instó a consolidar un sistema de supervisión eficiente que detecte riesgos con antelación y fomente una gestión pública basada en la ética y la transparencia.
Asimismo, hizo un llamado a la ampliación de la cobertura de la Procuraduría en las regiones más vulnerables del país, donde la presencia del Estado es limitada. «La lucha contra la corrupción y la defensa del interés general no pueden limitarse a reaccionar ante los delitos; es fundamental garantizar una supervisión efectiva en todo el territorio nacional», afirmó.
Eljach también destacó el papel crucial del diálogo como herramienta para construir consensos y promover soluciones conjuntas. Subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración entre la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales para consolidar una red de vigilancia que garantice el respeto por los derechos ciudadanos y la protección del patrimonio público.
En su mensaje final, advirtió que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida entre los servidores públicos y la sociedad civil. «La ciudadanía exige vigilancia y control en cada rincón del país, no como una simple formalidad, sino como un ejercicio real y efectivo de protección de los recursos públicos y de los derechos de los colombianos». Con esta declaración, dejó claro que la Procuraduría mantendrá una postura implacable contra quienes se aparten de los principios constitucionales.
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