Expresidente de Colombia Iván Duque
En un debate de control político, el senador Antonio José Correa lanzó una grave denuncia: cerca de 100 billones de pesos, destinados a la atención de la emergencia por Covid-19, habrían desaparecido durante el mandato del expresidente Iván Duque. La revelación ha generado una ola de indignación y exigencias de investigación por parte de distintos sectores políticos, sumando presión a los organismos de control y a la justicia.
«Estas no son fake news ni catastrofismo: son datos que le entregó el director Carlos Carrillo al senador Correa. Ahora sí quedó muda la oposición», afirmó la senadora Clara López a través de su cuenta en X, exigiendo responsabilidad política por el manejo de estos recursos.
Irregularidades en la gestión de los recursos
Correa detalló cómo, en plena pandemia de 2020, el gobierno de Duque contrató a empresas dedicadas a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, al tiempo que se importaron tapabocas desde China, pese a que en Colombia existía capacidad de producción local. Además, reveló que se adquirieron batas blancas a una empresa de reparación de vehículos y que se otorgaron contratos a compañías sin la idoneidad necesaria para el manejo de insumos sanitarios. La falta de transparencia en la selección de proveedores habría permitido el desfalco masivo de los fondos públicos.
La senadora María José Pizarro también se pronunció sobre la gravedad de las acusaciones. «¡Esto es gravísimo! 100 billones de pesos destinados a la emergencia por pandemia, ¡perdidos! ¿Dónde están las investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control? La corrupción debe ser sancionada por la sociedad y la justicia, venga de donde venga», exigió.
El senador Correa también denunció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) favoreció a ciertos contratistas, permitiendo el acceso a contratos públicos sin garantía de transparencia. Según sus declaraciones, en 2020 se pagaron 13 millones de pesos a empresas para el mantenimiento de ventiladores que ni siquiera habían sido adquiridos. Asimismo, advirtió sobre la aparente falta de control en la adjudicación de contratos millonarios en un momento crítico para el país.
La respuesta de los organismos de control
«El país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos y los 40.5 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME)», enfatizó Correa, instando a las autoridades a esclarecer el paradero de estos recursos.
Ante la magnitud de las irregularidades denunciadas, el contralor general Carlos Rodríguez anunció la creación del grupo élite «Ruta del Dinero de la Salud», cuyo objetivo será seguir el rastro de los fondos y determinar responsabilidades en este escándalo que estremece al país. Adicionalmente, sectores de la oposición han exigido que la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación inicien de inmediato una investigación rigurosa para establecer culpables y posibles sanciones.
Analistas políticos han calificado este caso como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia. «Si se comprueba la pérdida de estos recursos, estaríamos ante un desfalco de proporciones históricas, comparable a los peores casos de corrupción en el país», señaló un experto en políticas públicas.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y sanciones ejemplares para los responsables de este presunto desfalco que, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, pudo haber costado miles de vidas por el mal uso de los recursos destinados a salvarlas.
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