Imagen – Contralor General Carlos Hernán Rodríguez
A dos décadas de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, un informe de la Contraloría General de la República revela que los bienes de los victimarios aún no han sido monetizados para financiar el sistema de reparación a las víctimas, pese a su valor estimado de $24,37 billones. En su lugar, el Estado colombiano ha cargado con el 95,53% de las indemnizaciones, utilizando recursos del Presupuesto General de la Nación.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre el incumplimiento del principio según el cual los bienes de los postulados a Justicia y Paz debían ser comercializados para sufragar las indemnizaciones. “Quiero llamar la atención sobre el hecho de que, según la ley, los recursos entregados por los victimarios debían ser la primera fuente de financiación. Sin embargo, la realidad demuestra que el proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, enfatizó Rodríguez Becerra durante la instalación del foro ‘20 años de la Ley de Justicia y Paz: Cifras y resultados’.
Según el estudio de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, entre 2005 y junio de 2024, el Estado destinó más de $17,7 billones para la reparación y apoyo a víctimas, investigación penal, judicialización y reintegración de desmovilizados. El 86,52% de estos recursos fueron manejados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), mientras que la Fiscalía General de la Nación administró el 11% y la Rama Judicial el 2,05%.
El informe también resalta que, de los 3.755 bienes vinculados al Fondo de Reparación a las Víctimas, apenas el 1,22% ha sido monetizado en 12 años, lo que representa una comercialización de apenas 42 propiedades por $24.114 millones. Mientras tanto, el grueso de la reparación sigue dependiendo de recursos estatales.
En cuanto a la judicialización, de los 5.079 postulados a Justicia y Paz, solo 1.507 siguen activos en el proceso, de los cuales 921 han sido condenados por 15.236 delitos, reconociendo 40.450 víctimas. Las principales conductas criminales incluyen desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada.
El contralor Rodríguez Becerra subrayó la necesidad de corregir las fallas estructurales en la implementación de la ley. “A pesar del tiempo transcurrido, no se ha logrado una judicialización efectiva ni una reparación integral para las víctimas. Es imperativo que las instituciones del Estado corrijan el rumbo y garanticen que los bienes entregados para la reparación cumplan su propósito”, concluyó.
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