Primera dama de Cali, Taliana Vargas, esposa del alcalde Alejandro Eder
La entrega del histórico edificio Coltabaco al Instituto Popular de Cultura (IPC) buscaba fortalecer la educación y la formación artística en Cali. Sin embargo, lo que debía ser una decisión orientada al bienestar cultural de la ciudad se ha visto empañado por un cuestionado parágrafo contractual que ha desatado una tormenta de dudas y reclamos ciudadanos.
Según lo estipulado en el acuerdo, la tienda «Litoral», un negocio vinculado a Taliana Vargas, esposa del alcalde Alejandro Eder, podrá seguir operando dentro del edificio por los próximos cinco años. Lo que ha despertado la indignación de la opinión pública es la falta de claridad en las condiciones bajo las cuales se permitió esta concesión: ¿cuál es el costo real del arriendo?, ¿bajo qué criterios se autorizó esta ocupación?, ¿qué beneficios genera para la comunidad estudiantil del IPC?, ¿es esta una decisión transparente o se trata de un privilegio otorgado a un negocio privado dentro de un bien de carácter público?
Mientras la ciudad sigue esperando respuestas, la Alcaldía de Cali y la administración del IPC han mantenido silencio sobre la justificación de esta cláusula. La falta de información y el hermetismo con el que se maneja el tema solo han avivado las sospechas de un posible favorecimiento personal, lo que podría configurar un caso de uso discrecional del patrimonio público en favor de intereses privados.
Organizaciones ciudadanas, líderes de opinión y estudiantes del IPC han comenzado a exigir explicaciones contundentes. La presión crece y la comunidad reclama transparencia en la administración de los bienes culturales de la ciudad.
El edificio Coltabaco, una joya arquitectónica con un inmenso valor histórico y cultural para Cali, ha sido un símbolo de lucha y resistencia en la preservación del patrimonio local. En manos del IPC, su destino debía estar ligado exclusivamente a la promoción de la cultura, el arte y la educación. Sin embargo, con la reciente polémica, la comunidad teme que sus espacios sean utilizados con fines comerciales privados, desviándose de su propósito original.
El contrato de comodato, que en principio parecía una victoria para la cultura, ahora se ha convertido en un foco de controversia. Existen interrogantes sobre si hubo un proceso de selección transparente para otorgar este beneficio a la tienda «Litoral» o si, por el contrario, se trata de una decisión tomada en beneficio de la familia del alcalde. La falta de detalles públicos sobre los términos de este acuerdo solo aumenta la desconfianza ciudadana.
Mientras el debate se intensifica, expertos en derecho y transparencia han advertido que, si se confirma un uso indebido del patrimonio público, podría haber consecuencias legales. «Estamos ante un caso que merece investigación profunda. Se trata de un bien público que debe estar al servicio de la comunidad, y no de intereses particulares», señala un analista jurídico consultado.
Por su parte, miembros del sector cultural han manifestado su preocupación por el futuro del IPC. «Este instituto ha sido un pilar fundamental en la formación artística de generaciones de caleños. No podemos permitir que sus espacios sean utilizados para otros fines que no estén alineados con su misionalidad», afirmó un docente del IPC.
Ante este escenario, una pregunta sigue resonando con fuerza en Cali: ¿se respetará el verdadero propósito cultural del edificio Coltabaco o la Primera Dama seguirá beneficiándose de él sin mayores consecuencias? La ciudad exige respuestas.
