Colombia | Procuraduría lidera entrega pacífica de predio en San Pedro y exige protección para la niñez desplazada
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En un proceso que marcó un precedente en la gestión pacífica de ocupaciones irregulares, la Procuraduría General de la Nación acompañó la entrega voluntaria del predio «El Líbano», ubicado en San Pedro, Valle del Cauca. Este terreno, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), había sido ocupado de manera irregular por miembros de la Confederación Jacobo Arenas, lo que generó un complejo escenario social y jurídico que finalmente se resolvió a través del diálogo y la concertación.
La intervención de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga fue clave en la mediación entre las familias ocupantes y las autoridades nacionales y locales. A lo largo de varias semanas, se promovieron mesas de diálogo con el fin de atender los requerimientos de la comunidad y garantizar que el proceso se desarrollara en el marco del respeto por los derechos humanos. Entre las acciones adelantadas se realizaron reuniones interinstitucionales, visitas de verificación y un seguimiento constante a las condiciones de las personas que habitaban el predio.
Gracias a estos esfuerzos, alrededor de 50 familias accedieron a entregar el terreno de manera pacífica, bajo la promesa de ser priorizadas en futuras adjudicaciones de tierras por parte del Gobierno Nacional. Muchas de estas familias manifestaron su intención de desarrollar proyectos productivos agrícolas, por lo que esperan acceder a programas de reforma agraria y subsidios que les permitan mejorar sus condiciones de vida de forma digna y sostenible.
El proceso contó con la presencia activa de funcionarios de la Personería Municipal, así como del alcalde de San Pedro, el inspector de policía y el comandante de la estación de policía, entre otras autoridades. Su participación fue fundamental para generar confianza en la comunidad y garantizar que el retiro del predio se realizara sin enfrentamientos ni actos de violencia.
Sin embargo, más allá de la recuperación del terreno, la Procuraduría hizo un llamado urgente a las autoridades para que se garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el asentamiento. Durante las verificaciones, se constató que muchos de ellos llevaban cerca de un año sin acceso a la educación formal, lo que representa una grave vulneración a sus derechos fundamentales. Además, se identificaron casos de niños en condiciones de salud precarias, lo que refuerza la necesidad de una intervención inmediata por parte de las entidades encargadas de garantizar su bienestar.
En este sentido, la Procuraduría instó a las autoridades locales y nacionales a adoptar medidas inmediatas para asegurar la inclusión de estos menores en el sistema educativo y garantizar el acceso a los servicios de salud. También pidió que se mantenga un seguimiento permanente a las familias desalojadas, con el fin de evitar que queden en condiciones de vulnerabilidad extrema tras su salida del predio.
Este caso se suma a los múltiples desafíos que enfrenta el país en materia de ocupaciones informales y restitución de predios, pero también demuestra que es posible encontrar soluciones a través del diálogo, la institucionalidad y el respeto por los derechos humanos. La Procuraduría reafirmó su compromiso de seguir acompañando estos procesos y velar por la protección de las comunidades más vulnerables en el marco de las decisiones estatales sobre el uso de la tierra.
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