Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia
En una intervención contundente ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, solicitó formalmente la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas. En su discurso, reafirmó el compromiso del país con la lucha contra el narcotráfico, pero subrayó la necesidad de reformar el régimen global de drogas con base en evidencia científica y un enfoque más eficaz.
«La evidencia es clara: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía», declaró Sarabia. A pesar de los esfuerzos de Colombia y de los miles de millones invertidos en la lucha contra las drogas, la estrategia actual no ha logrado frenar el consumo, la producción ni el tráfico de estupefacientes. Según la canciller, en la última década la oferta global de drogas no se ha reducido, mientras que el número de consumidores recreativos ha aumentado en más de 50 millones de personas.
Sarabia explicó que la solicitud de Colombia se basa en evidencia científica que demuestra que la hoja de coca en su estado natural no es perjudicial para la salud. «Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas», afirmó. No obstante, dejó claro que esta iniciativa no significa renunciar a la erradicación ni a la interdicción de las drogas ilícitas. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, Colombia ha incautado más de 1.9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 215 mil kilogramos de base de coca y ha destruido 454 laboratorios clandestinos.
Además de la reclasificación de la hoja de coca, la ministra enfatizó la urgencia de generar alternativas económicas para las comunidades afectadas por el narcotráfico. Propuso impulsar cultivos legales y rentables, como el cacao y el café, en regiones golpeadas por la violencia, como el Catatumbo y el Cañón del Micay. «No podemos permitir que las comunidades queden atrapadas en la violencia y el abandono. Debemos llevar recursos y proyectos de transformación territorial a quienes más lo necesitan», sostuvo.
Sarabia también llamó la atención sobre la necesidad de revisar los mecanismos de financiación internacional en la lucha contra las drogas. «Colombia ha aportado 416 millones de dólares a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en la última década, siendo el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos. Es imperativo que estos recursos se ejecuten con eficiencia, austeridad e impacto real sobre las comunidades afectadas», subrayó.
Para concluir, la canciller instó a la comunidad internacional a construir un nuevo modelo basado en la evidencia y el respeto a la vida. «Reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz», afirmó.
El encuentro contó con la participación del presidente de la Comisión de Estupefacientes, Shambhu Kumaran; la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Ghada Waly; y el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Jallal Toufiq.
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