En el marco de un intenso debate político, el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado recientemente una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP), que exige garantizar condiciones de reciprocidad equitativa antes de ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. La iniciativa ha contado con el respaldo de PP, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y dos procuradores no adscritos, mientras que PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea han votado en contra. Este hecho pone de manifiesto las divisiones políticas en torno a un tratado que, según sus detractores, podría tener implicaciones significativas para los sectores agrícola y ganadero de la región.
El procurador del PP, Óscar Reguera, defendió la propuesta argumentando que es necesario «arreglar la maquinaria antes de que entre en funcionamiento». En este sentido, instó a la Comisión Europea a tomar medidas legislativas que aseguren la reciprocidad y flexibilicen las normativas para los productores europeos. Además, subrayó la importancia de convocar una Conferencia Sectorial de Agricultura «específica y extraordinaria» para analizar con urgencia el impacto del acuerdo UE-Mercosur.
Reguera aclaró que el PP no está en contra del libre comercio ni de Mercosur como tal, pero enfatizó la necesidad de garantizar un comercio justo que proteja a los agricultores y ganaderos frente a posibles desventajas competitivas. También abogó por medidas compensatorias en caso de desviaciones indeseables que puedan surgir tras la implementación del tratado.
Por su parte, Virginia Jiménez, procuradora del PSOE, rechazó la PNL calificándola como una «cortina de humo» destinada a desviar la atención de los problemas internos del PP. Según Jiménez, el acuerdo UE-Mercosur representa una oportunidad para los productores de Castilla y León, más que una amenaza. Además, en tono irónico, sugirió que el PP debería dirigirse a su propio partido en Europa para resolver sus inquietudes, ya que cuentan con representación parlamentaria en el Parlamento Europeo.
Desde Unidas Podemos, Pablo Fernández criticó lo que calificó como un «ejercicio de hipocresía» por parte del PP, al recordar que históricamente han sido defensores de los tratados de libre comercio. Fernández ironizó sobre el «giro de volante» del PP en este asunto y advirtió sobre las posibles contradicciones internas dentro del partido.
Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta y ahora miembro del Grupo Mixto, también se mostró crítico con el PP. Señaló la falta de preguntas o iniciativas concretas por parte del eurodiputado popular Raúl de la Hoz en relación con este tema, lo que consideró una muestra de incoherencia política.
Vox, por su parte, apoyó la PNL del PP, aunque con matices. El procurador Carlos Menéndez señaló que las supuestas ventajas del acuerdo UE-Mercosur están «maquilladas» con cláusulas climáticas que no serían efectivas en la práctica. Además, acusó al Gobierno central de negociar el tratado «a espaldas» de los agricultores y ganaderos.
Desde Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia también respaldó la propuesta popular, argumentando que un acuerdo de tal magnitud no puede ser aprobado sin un análisis detallado de sus consecuencias para las regiones afectadas. Palomar destacó que este es un momento clave para el futuro económico de Castilla y León y pidió responsabilidad en la toma de decisiones.
El acuerdo UE-Mercosur, negociado durante más de dos décadas, busca crear una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países miembros del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Sin embargo, ha generado controversia debido a las preocupaciones sobre su impacto en sectores sensibles como la agricultura europea, así como por cuestiones medioambientales relacionadas con la deforestación en la región amazónica.
En Castilla y León, una comunidad autónoma con una fuerte dependencia del sector primario, el tratado ha despertado inquietudes entre agricultores y ganaderos que temen competir en desigualdad de condiciones frente a productos importados. La falta de reciprocidad en estándares laborales, medioambientales y sanitarios es uno de los puntos más criticados por quienes se oponen al acuerdo en su forma actual.
El debate en las Cortes de Castilla y León refleja las tensiones políticas y económicas que rodean al acuerdo UE-Mercosur. Si bien algunos lo ven como una oportunidad para abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones comerciales con América Latina, otros advierten sobre los riesgos para sectores clave como la agricultura y la ganadería.
La aprobación de esta PNL pone sobre la mesa la necesidad de abordar estas preocupaciones antes de ratificar el tratado. La convocatoria de una Conferencia Sectorial específica podría ser un paso importante para garantizar que las voces de las regiones afectadas sean escuchadas en este proceso. En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre los beneficios del libre comercio y la protección de los sectores más vulnerables en el ámbito local.
