Bajada: La frase “18 años sin cobrar” funciona como denuncia, pero no como precisión. El PARLASUR opera desde 2007; sin embargo, el conflicto salarial verificable de los representantes argentinos elegidos por voto directo arranca con claridad en 2015 y se agrava desde 2016, cuando dejaron de percibir dietas, y más aún desde 2024, cuando el Gobierno suspendió también viáticos, alojamiento y pasajes.
Lo primero que conviene ordenar es el dato central. No es exacto afirmar, en sentido estricto, que los parlamentarios argentinos del MERCOSUR llevan “más de 18 años” sin cobrar salario. El PARLASUR funciona desde 2007, pero Argentina eligió parlamentarios por voto directo recién en 2015, a partir del marco legal incorporado por la Ley 27.120. Esa norma reguló la elección de los representantes argentinos y dispuso su proclamación por la Asamblea Legislativa. Por eso, si el foco está puesto en los representantes argentinos electos por la ciudadanía y en sus reclamos salariales, el conflicto comprobable no nace en 2007 sino con los primeros electos de 2015.
Aun así, el fondo del problema sigue siendo grave. Chequeado resumió en 2023 que, aunque la ley argentina prevé que los parlamentarios del MERCOSUR sean “asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales”, el Estado argentino solo abonaba gastos de traslado, hotel y viáticos, no una dieta equivalente a la de un diputado. Ese punto es clave porque muestra la contradicción estructural: el ordenamiento interno les reconoce un estatus político relevante, pero la práctica presupuestaria y administrativa no tradujo ese reconocimiento en una remuneración estable. En términos periodísticos, no es correcto decir “18 años sin cobrar sueldo” para los electos argentinos; sí es correcto decir que los parlamentarios argentinos elegidos en 2015 quedaron envueltos en un vacío operativo y salarial que nunca se resolvió de forma coherente.
El quiebre político más nítido se produjo en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió no pagarles dietas y limitarse a cubrir gastos derivados de la función. Esa decisión abrió una cadena de reclamos judiciales que se extendió durante años. La propia explicación de Chequeado lo sintetiza con claridad: desde entonces, los parlamentarios argentinos del PARLASUR no cobran dieta como representantes del organismo regional, pese a que la Ley 27.120 los asimila internamente a diputados nacionales. El conflicto, por lo tanto, no fue solo jurídico; también fue una señal política sobre el lugar marginal que sucesivos gobiernos argentinos asignaron al brazo parlamentario del MERCOSUR.
La controversia llegó al punto más alto en 2024, cuando la Corte Suprema resolvió, en varios expedientes, que el Estado argentino no tiene a su cargo directo el pago de esas remuneraciones. Según el resumen judicial difundido por Infobae sobre esos fallos, el tribunal concluyó que las dietas son responsabilidad del MERCOSUR como “persona jurídica diferente”, a través de la Mesa Directiva y la Presidencia del PARLASUR. El voto citado del juez Horacio Rosatti sostuvo, además, que los fondos para esas erogaciones provienen del presupuesto del Parlamento regional, financiado con aportes de los Estados Parte. Es decir: la Corte no dijo que el trabajo deba ser ad honorem; dijo algo distinto y más incómodo para la política argentina: que el obligado inmediato a pagar no es el Estado nacional de manera directa, aunque sí debe aportar fondos al esquema institucional del bloque.
Ese razonamiento judicial dejó una paradoja casi perfecta. Por un lado, la ley interna argentina y parte del debate político habían instalado la idea de una equiparación con diputados nacionales. Por otro, la Corte terminó rechazando que de esa equiparación surja automáticamente un crédito directo contra la Nación para reclamar sueldos. El resultado práctico fue que varios parlamentarios elegidos en 2015 quedaron, durante años, sin cobrar remuneración, mientras la discusión se desplazaba entre el derecho interno argentino y la arquitectura jurídica supraestatal del MERCOSUR. En otras palabras, el problema no desapareció: solo cambió de ventanilla. Lo que parecía una cuestión salarial terminó revelando una falla más profunda de diseño institucional, coordinación presupuestaria y voluntad política para sostener la representación parlamentaria regional.
Lejos de cerrarse, el conflicto se endureció todavía más en septiembre de 2024, cuando el Gobierno nacional avanzó sobre otro componente sensible: la suspensión del pago de viáticos, gastos de transporte y pasajes para los parlamentarios argentinos del PARLASUR. La Nación informó entonces que esos conceptos eran el principal motivo de disputa y precisó los montos diarios que se venían reconociendo por viáticos y alojamiento. A la vez, la Decisión Administrativa 888/2024 del Boletín Oficial dejó asentado que existía un régimen específico aplicable para la concurrencia de los parlamentarios a las sesiones plenarias, pero en el nuevo marco de racionalización administrativa ese andamiaje quedó afectado. Así, el problema dejó de ser exclusivamente salarial y pasó también a tocar la viabilidad material de asistir a las sesiones en Montevideo.
Por eso, cuando algunos artículos recientes hablan de una “vergüenza” de 18 años, están captando bien el tono del escándalo, pero mezclan tiempos distintos. El PARLASUR existe desde 2007, sí; pero los primeros parlamentarios argentinos elegidos directamente por el voto popular fueron los de 2015, y es sobre ellos donde existe documentación clara de falta de dieta, reclamos judiciales y, más tarde, recortes de viáticos. Incluso trabajos académicos y doctrinarios publicados en estos años ubican el núcleo del problema precisamente en esos primeros electos argentinos, señalando que desde diciembre de 2015 no cobraron salario ni beneficios equivalentes, salvo cobertura de pasajes y viáticos en ocasión de reuniones. Esa precisión importa porque mejora la calidad del diagnóstico sin quitarle gravedad al caso.
La dimensión política del asunto es, al final, más importante que la contable. Argentina incluyó el PARLASUR en sus boletas, pidió a la ciudadanía que eligiera representantes y luego dejó que esos cargos quedaran atrapados en un limbo entre la normativa nacional, el presupuesto regional y la desconfianza de distintos gobiernos hacia el organismo. La secuencia es difícil de defender institucionalmente: primero se reconoce la representación; después se discute si corresponde pagarla; más tarde se judicializa; y finalmente se restringen incluso las condiciones mínimas para ejercerla. El mensaje implícito es corrosivo: la representación regional vale menos que la nacional y puede sostenerse sin estructura, sin salario y, en el extremo, sin financiamiento operativo suficiente.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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