Imagen Contraloría General de Colombia
La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una crisis profunda en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) 2015-2023. Según un reciente estudio sectorial, las metas proyectadas han quedado muy lejos de cumplirse, revelando una serie de irregularidades que han comprometido el desarrollo del sistema educativo en el país.
El informe destaca que, de las 30.680 aulas que debían construirse para 2018, apenas se han entregado 7.358, lo que representa un 24% de la meta inicial y solo un 14% de lo establecido en el Conpes 3831 de 2014 para 2030. Con una inversión que asciende a los $3 billones de pesos, las falencias en la planificación y ejecución del proyecto han generado un impacto fiscal alarmante. Entre 2020 y 2023, la Contraloría detectó hallazgos fiscales por $40 mil millones, mientras que los fallos de responsabilidad fiscal superan los $20 mil millones.
Las irregularidades encontradas incluyen 23 proyectos abandonados, sobrecostos en 136 obras, pagos excesivos en 70 contratos y costos desproporcionados en 179 proyectos de interventoría. Más preocupante aún es el sesgo territorial detectado: el PNIE ha favorecido a Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con mayores capacidades administrativas y técnicas, relegando a las de menor capacidad y ampliando las brechas de infraestructura educativa entre regiones urbanas y rurales.
Otro factor crítico identificado es la deficiente verificación de predios, lo que generó atrasos y cancelaciones masivas de proyectos. En la primera convocatoria, el 72% de los proyectos fueron viabilizados, pero para la cuarta solo alcanzaron el 15%. Este retroceso evidencia fallas graves en la planificación y gestión del programa.
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El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad encargada de ejecutar el PNIE, también ha sido objeto de una auditoría rigurosa. La Contraloría Delegada para el Sector Educación y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción han identificado 90 hallazgos en supervisión y 66 en el cumplimiento de contratos. La región Centro Oriente encabeza la lista de irregularidades, con un detrimento de $26 mil millones, seguida por el Eje Cafetero y el Centro Sur, con $7 mil millones y $3 mil millones, respectivamente.
La crisis en la infraestructura educativa pone en jaque el cumplimiento de la Jornada Única y la equidad en la educación pública. La falta de planeación, los sobrecostos y la ineficiencia en la ejecución han llevado a un panorama desolador para miles de estudiantes que aún esperan aulas dignas para su formación. Frente a este escenario, la Contraloría ha instado a una reestructuración profunda del modelo de financiamiento y control del PNIE, con el fin de garantizar que los recursos destinados a la educación cumplan realmente con su propósito y no terminen diluidos en la corrupción y la negligencia estatal.
carloscastaneda@prensamercosur.org
